Mientras continúa la Primera Conferencia para la Transición Más Allá de los Combustibles Fósiles en Santa Marta, el Gobierno nacional se defiende de las críticas de organizaciones sociales que reclaman mayor inclusión en el evento. La ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez, insistió en que no hay exclusión deliberada, sino restricciones derivadas de la realidad operativa del encuentro.

El cuestionamiento principal proviene de que de más de mil personas inscritas, solo un grupo reducido podrá participar directamente en las discusiones con delegados de gobiernos. Algunos sectores han calificado el sistema como un "embudo" que filtra participantes en varias etapas. Para justificar esta estructura, Vélez explicó que el auditorio donde ocurren las sesiones principales tiene una capacidad máxima de 600 personas. "No se trata de una decisión arbitraria", afirmó la ministra.

Según la funcionaria, el proceso de selección comenzó hace más de tres meses con diálogos virtuales en los que participaron diferentes sectores: organizaciones no gubernamentales, comunidades afrodescendientes, campesinos, mujeres y grupos interreligiosos. De estos espacios surgió una primera ronda de representantes que luego fueron filtrados hacia un grupo más reducido, acorde con el espacio disponible. Vélez aseguró que "cada uno de esos sectores sociales y poblacionales ha tenido espacios autónomos".

Para las sesiones finales, el Gobierno definió un esquema basado en voceros y observadores. La ministra garantizó que cada sector tendrá un vocero propio que pueda presentar su postura sin ser representado por terceros. Además, cada sector eligió participantes que asistirán como observadores a las discusiones de alto nivel, lo que según el Ministerio amplía la presencia de la sociedad civil, aunque no todos puedan hablar directamente.

Sin embargo, las críticas persisten. Líderes sociales advierten que la existencia de múltiples espacios paralelos, como la Cumbre de los Pueblos en la Universidad del Magdalena y otras preasasambleas, ha generado confusión. También cuestionan que el número de delegados con voz sea reducido frente al total de inscritos. Se han reportado además dificultades logísticas como demoras en trámites de visado y falta de información clara sobre acreditación, lo que habría limitado la participación de actores internacionales.

Desde el Gobierno destacan elementos novedosos en esta conferencia frente a otros escenarios tradicionales: los voceros de la sociedad civil abrirán las sesiones plenarias y compartirán espacio directo con representantes gubernamentales. El evento reúne delegaciones de más de 50 países y busca avanzar en compromisos para acelerar la transición energética. La participación de la sociedad civil ha sido considerada clave tanto por su papel en promover el evento como por su capacidad de influir en las decisiones.