A pesar de que un alto tribunal ordenó detener temporalmente el aumento del 23 por ciento en el salario mínimo, el Gobierno insiste en que esa cifra debería mantenerse. En una reunión convocada por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, los tres principales actores de estas negociaciones coincidieron mayoritariamente en defender ese incremento. El ministro confirmó que "la opinión mayoritaria es que resultaría equivocado expedir un decreto que modifique el incremento del 23 por ciento que hoy está vigente, lo que nos parece una buena noticia para los trabajadores".

Lo que está en juego aquí es directo: aproximadamente 2,4 millones de colombianos que ganan el salario mínimo podrían perder dinero si finalmente se reduce el aumento. Por eso el Gobierno tiene ocho días para presentar un documento detallado explicando cómo la inflación, la productividad y el crecimiento económico justifican esa cifra del 23 por ciento. Mientras tanto, las empresas deben seguir pagando ese valor, y aunque luego un nuevo decreto baje el aumento, el dinero que ya recibieron los trabajadores no podrá serles quitado.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, fue claro al respecto: "Se trata de un derecho ya adquirido". Agregó que el Gobierno buscará dar apoyos económicos a pequeñas y medianas empresas que tengan dificultades con este aumento, reconociendo así que no todos en el sector empresarial están celebrando la medida.

Sin embargo, no hay unanimidad. Varios estudios de centros de análisis económico proyectan escenarios preocupantes. Fedesarrollo estimó que podría haber una pérdida de hasta 600.000 empleos formales. Bancolombia calculó pérdidas aún mayores, cercanas a 734.000 puestos de trabajo, especialmente en comercio, construcción y servicios profesionales. El Banco de la República proyecta que este aumento traería inflación adicional de alrededor de 200 puntos básicos anuales, lo que obligaría al banco central a subir las tasas de interés.

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, es la voz empresarial más crítica. Señaló que el aumento perjudica a quienes pretende ayudar, porque podría destruir sus propios empleos. "Nos preocupan los trabajadores que ganan el mínimo y que podrían ver sus empleos destruidos", dijo. Cabal también mostró datos concretos: la inflación en transporte subió 25 por ciento anualizado de enero de 2025 a enero de 2026, la comida fuera del hogar aumentó 39 por ciento y la salud 20 por ciento. Estos son gastos que golpean directamente a los colombianos más vulnerables.

Mientras tanto, los sindicatos se cierran en defensa del aumento. Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, aseguró que "vamos a movilizarnos" para defender este derecho. La Asociación Nacional de Industriales, por su parte, pidió a las empresas que hagan el esfuerzo máximo por mantener los salarios vigentes, aunque reconoce que hay preocupación sobre cómo esto afectará la inflación, el empleo y la informalidad.

En medio de este pulso, María Elena Ospina de Acopi propone una solución intermedia: mantener el 23 por ciento para quienes ya lo recibieron, pero aplicar una cifra menor a los nuevos contratos si finalmente el Consejo de Estado obliga a reducir el aumento. Es una postura que intenta equilibrar los derechos de trabajadores con las realidades empresariales, aunque en un contexto donde los números económicos sugieren que el costo de esta decisión será pagado por alguien.