Las empresas de vigilancia están justificando aumentos de tarifa cercanos al 23% argumentando que estos se derivan directamente del incremento del salario mínimo. Pero el Ministerio de Trabajo no se lo cree. Antonio Sanguino, ministro de la cartera, fue directo: "Las empresas de vigilancia no pueden afirmar que todo se incrementa en un 23%". Su advertencia refleja una preocupación que viene escalando entre los administradores de conjuntos residenciales y asociaciones de propietarios, quienes ven cómo estos aumentos traducen directamente en mayores cuotas de administración para los habitantes.

El problema tiene dimensiones concretas. En muchos edificios y urbanizaciones, el servicio de vigilancia representa entre la mitad y las tres cuartas partes del presupuesto mensual. Un aumento de 23% en este rubro no es un detalle: es un golpe considerable al bolsillo de las familias colombianas. Sanguino insistió en que las tarifas de vigilancia no las define el salario mínimo, sino la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad, que tiene autonomía para regularlas. "No se trata de una decisión del Presidente o del Ministro de Trabajo", aclaró.

Las empresas de vigilancia, por su parte, defienden sus aumentos argumentando que sus costos realmente suben: el personal gana el salario mínimo y además recibe recargos por turnos nocturnos, jornadas en festivos y trabajo rotativo. Además, deben invertir en capacitación, uniformes, equipos y sistemas de comunicación. Estos son costos reales. Pero el Ministerio pide que esos incrementos tengan fundamento técnico, no solo asunciones. Sanguino fue claro: "Es inadmisible que nos metan el cuento de que la tarifa aumenta un 23% como si todos los costos de producción de la seguridad de esa empresa se incrementaran en ese porcentaje".

Para desatar este nudo, el Ministro solicitó a la Superintendencia revisar las tarifas y propuso instalar una mesa de conversación que incluya a empresas, trabajadores y usuarios finales. El objetivo es lograr un equilibrio: reconocer que dignificar a los vigilantes es importante para la seguridad real, pero sin trasladar automáticamente todos los costos hacia los ciudadanos sin justificación técnica.

Recientemente, el presidente Gustavo Petro sugirió a las asambleas de propietarios usar el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que mide la inflación general, como referencia en lugar de atarse exclusivamente al salario mínimo. Pero los gremios de vigilancia rechazaron esto, señalando que la normativa vigente fija sus tarifas en salarios mínimos legales, no en inflación.

Lo que está en juego es bastante más que un debate técnico entre reguladores y empresas. Es la brecha entre dos necesidades legítimas: que los trabajadores de seguridad ganen bien y que las familias puedan pagar sus servicios sin que se disparen las cuotas de administración. El llamado del Ministerio abre la puerta a que esa brecha se negocie con criterios reales, no con justificaciones automáticas.