El Ministerio de Vivienda sacó a la luz un nuevo borrador de decreto que busca romper un ciclo que ha afectado a cientos de miles de colombianos: el de pagar más por una vivienda VIS o VIP simplemente porque el Estado subió el salario mínimo. La propuesta central es simple pero tiene implicaciones profundas para tu bolsillo: en lugar de fijar el precio de estas viviendas usando como referencia el salario mínimo legal, el Gobierno quiere que se vendan directamente en pesos colombianos y que ese precio quede congelado desde el momento en que el comprador separa el inmueble o firma la promesa de compraventa.

Para entender por qué esto importa, hay que ver qué pasó hace poco. Cuando el Gobierno decretó un aumento del salario mínimo de 23,7% para este 2026, llegando a dos millones de pesos con auxilio de transporte, algo incómodo sucedió: las viviendas VIS (que son las de menor valor, destinadas a familias de ingresos bajos) se encarecieron automáticamente en más de 49 millones de pesos en apenas doce meses. Imagina que separaste tu vivienda en enero de 2025 con un precio acordado y en diciembre te enteras de que ahora tienes que aportar casi 50 millones más. Así de drástico ha sido el problema.

El borrador establece que la VIS podrá costar máximo hasta 135 salarios mínimos y la VIP hasta 90 salarios mínimos, con excepción de San Andrés. Pero lo verdaderamente novedoso no está en esos techos de precios, sino en cómo se calcula lo que finalmente pagas. Una vez que separas la vivienda o firmas la promesa de compraventa, el precio en pesos queda fijo. Si el próximo año el salario mínimo vuelve a subir, a ti no te importa: tu cuota no se mueve. Eso es lo que significa desindexar.

Para los compradores, especialmente aquellos que tardan varios meses en cerrar sus créditos hipotecarios y en completar todos los trámites financieros, esto es una respiración de alivio. Ya no estarán persiguiendo un precio que sube cada año a causa de decisiones que toma el Gobierno en materia salarial. Para los constructores y desarrolladores inmobiliarios, significa que tendrán que ajustar cómo estructuran sus proyectos y presentan los precios al mercado, sin poder escudarse en futuros aumentos del mínimo.

El Gobierno justifica la medida apuntando al artículo 51 de la Constitución, que reconoce a todos los colombianos el derecho a una vivienda digna y le asigna al Estado la responsabilidad de hacerlo realidad. También cita leyes anteriores que permiten al Gobierno nacional determinar el tipo y precio máximo de viviendas de interés social, así como tratados internacionales sobre derechos económicos y sociales que obligan al país a garantizar acceso a vivienda adecuada.

Este nuevo borrador llega después de que saliera un primer intento con propuestas similares. Ahora todo depende de si el Gobierno logra formalizarlo en un decreto definitivo. Si lo hace, miles de familias que hoy están evaluando entrar al mercado de vivienda VIS y VIP sabrán exactamente cuánto van a pagar desde el día uno, sin temor a que sorpresas de última hora las echen atrás.