El Ministerio del Trabajo tiene sobre la mesa un borrador de decreto que cambiaría las reglas para transferir dinero desde las cuentas de ahorro individual en fondos privados hacia Colpensiones. La propuesta ha encendido las alertas en la comunidad económica porque podría crear problemas fiscales severos en los años venideros, justo cuando el país ya lidia con apreturas presupuestales.

Según el análisis del centro de estudios Anif, la medida implicaría un traslado inmediato de alrededor de 25 billones de pesos. En términos prácticos, se trata de dinero que hoy está invertido como ahorro pensional individual y que saldría de las manos de las administradoras privadas hacia la caja de Colpensiones en apenas 15 días. El problema: esos recursos fueron acumulados pensando en financiar pensiones futuras cuando la población envejecida sea mucho más numerosa.

Aquí es donde la situación se complica para cualquier colombiano que piense en mediano plazo. Anif explica que el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo fue diseñado con una lógica clara: primero acumular dinero durante años, después usarlo cuando lleguen los jubilados. Si se sacan ahora 25 billones para pagar pensiones de hoy, el fondo se agotará mucho más rápido. "Sin dichos aportes, el Fondo de Ahorro agotaría sus recursos en un horizonte considerablemente más corto", señalaron los analistas.

Cuando ese momento llegue, el Gobierno tendrá que cubrir el faltante con impuestos. Anif es contundente: "La diferencia deberá cubrirse con dinero del Presupuesto General de la Nación y esto implicaría mayores necesidades fiscales y eventualmente más impuestos para financiar el sistema". En otras palabras: lo que ahora sería un alivio se convertiría en una carga para las futuras generaciones de contribuyentes.

Hay un segundo frente de daño que no se ve a simple vista pero es grave. De esos 25 billones, aproximadamente 17.5 billones están metidos en bonos de deuda del Estado. Si las administradoras privadas tienen que vender esos bonos en poco tiempo, inundan el mercado con oferta, los precios caen y las tasas de interés suben. Tasas más altas significan que al Estado le cuesta más dinero endeudarse. En un momento en que el servicio de la deuda ya es una carga creciente en el presupuesto, esto aprieta aún más las finanzas públicas.

Anif también levanta una bandera legal. Señala que el decreto podría contradecir lo que dice el Artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, que establece que los recursos acumulados en las cuentas individuales deben seguir siendo administrados por las AFP "hasta que se consolide el derecho a la pensión", es decir, hasta que la persona cumpla edad y semanas cotizadas.

El análisis cierra con una reflexión sobre equilibrios que parecen imposibles. El Gobierno obtendría dinero ahora para respirar en el corto plazo. Pero la factura llegaría después, cuando los recursos se agoten y no haya reservas para las pensiones del futuro. Así se abre nuevamente el debate sobre cómo equilibrar la urgencia presente con la responsabilidad fiscal de largo plazo en un sistema pensional que ya de por sí enfrenta presiones estructurales.