El Gobierno Nacional abrió la puerta a una restructuración profunda en cómo se fija el precio del diésel en el país. A través del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Minas y Energía, presentó en consulta pública un proyecto que cambia radicalmente la forma de calcular el ingreso al productor de ACPM, desarrollando lo que planteó el Decreto 1428 de 2025.

La intención detrás de este cambio es clara: sincronizar los precios que paga el colombiano en la bomba con lo que está pasando en los mercados internacionales. Eso es importante porque actualmente existe una brecha considerable entre lo que cuesta el diésel afuera y lo que se cobra adentro, lo que ha generado un agujero fiscal importante en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.

La propuesta funciona así: en lugar de ajustes menos frecuentes, el precio del ACPM se calcularía cada semana tomando el promedio de las cotizaciones internacionales de lunes a viernes. Ese valor se publicaría cada lunes y entraría a regir desde el martes. Es un sistema más dinámico que refleja con mayor velocidad lo que sucede en el mercado global. El ingreso al productor tendría límites establecidos para no bajar por debajo del precio de paridad internacional ni superar el de importación, un mecanismo que busca equilibrar la estabilidad fiscal con la del mercado.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, argumenta que la iniciativa le daría mayor transparencia al sistema y avanzaría hacia un esquema más responsable fiscalmente. Y el argumento tiene peso: según datos de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, si no se hacen cambios, el déficit del FEPC podría alcanzar los 10,7 billones de pesos en 2026, una cifra que evidencia la urgencia de actuar.

Pero la reforma va más allá de solo cambiar la fórmula de cálculo. También obliga a refinadores e importadores a publicar inmediatamente sus precios en los sitios web y reportarlos a distribuidores mayoristas y minoristas. Con esto se busca reducir la discrecionalidad, evitar inconsistencias en los subsidios y darle más claridad al consumidor sobre por qué paga lo que paga en el surtidor.

El proyecto está en fase de consulta pública, abierto a comentarios antes de que el Gobierno tome la decisión final. Es un momento crucial porque estos cambios tocan el bolsillo de transportistas, comerciantes y ciudadanos que dependen del diésel para sus actividades cotidianas.