El sector salud del Gobierno acumula una semana de polvareda. El ministro Guillermo Jaramillo enfrenta cuestionamientos por presuntamente incumplir órdenes de la Corte Constitucional sobre recursos para las EPS. Daniel Quintero, exalcalde imputado por presunto peculado y prevaricato, llegó a manejar la Superintendencia de Salud con un presupuesto superior a 562 mil millones de pesos y el destino de 22,8 millones de afiliados. A esto se suma que un tribunal suspendió la intervención a Coosalud y que siete funcionarios denunciaron irregularidades en la extensión de la medida contra Nueva EPS.

La situación más espinosa gira alrededor de Nueva EPS, la aseguradora más grande del país con 11,5 millones de afiliados. Según reveló Caracol Radio, funcionarios de la Superintendencia Delegada para Entidades de Aseguramiento denunciaron ante la Procuraduría que el Gobierno saltó los protocolos legales establecidos para volver a intervenir esa empresa. La superintendente ad hoc, Luz María Múnera, habría tomado la decisión sin cumplir los cuatro pasos requeridos, entre ellos presentar el informe técnico correspondiente e incluso mencionar recomendaciones que la Supersalud nunca hizo. La denuncia también señala que Múnera registró en la resolución una versión de los hechos que no se ajusta a lo que realmente ocurrió en la reunión del Comité de Medidas Especiales, donde supuestamente se recomendaba iniciar la toma de posesión, cuando en realidad aconsejaron por unanimidad no adoptar una nueva intervención.

El problema de fondo es aún más técnico y delicado. De acuerdo con la ley, la Superintendencia puede intervenir una EPS una primera vez y prorrogarla solo en una ocasión, cada período de un año. Nueva EPS fue intervenida el 3 de abril de 2024 y prorrogada el mismo día un año después. El 3 de abril de 2026, el mismo día en que venció esa prórroga, debería haber firmado la extensión el ministro Jaramillo o el presidente Petro, ya que la Supersalud pierde facultad después de dos años. Sin embargo, la resolución de Múnera está fechada el 10 de abril, siete días tarde.

El exsuperintendente Fabio Aristizábal explicó que "la segunda prórroga tiene que ser ejecutiva y lo que hace la Supersalud es entregar la información, los análisis y los informes de auditoría y financieros para justificar la medida". Lo que sucedió, según su análisis, es que dejaron vencer la medida y luego la hicieron pasar como una prórroga, cuando en realidad constituyó una nueva toma de posesión que estaba fuera del alcance legal de la Superintendencia. Aristizábal agregó que esto significaba que "si no la prorrogaron, debían devolver la EPS a sus dueños originales u ordenar su liquidación".

Otro aspecto que genera inquietud es la documentación que utilizaron para justificar la intervención. Los datos sobre capital mínimo, patrimonio adecuado e inversión de la reserva técnica no incluyen cifras de 2025 ni 2026. Los más recientes son de febrero de 2024, cuando Nueva EPS registraba un superávit de menos 1,25 billones de pesos, lo que le impedía cumplir con el capital mínimo requerido, y un déficit de menos 2,43 billones que afectaba su patrimonio adecuado. Usar información con casi dos años de antigüedad para extender una medida de intervención genera dudas sobre la solidez de la decisión.