Las alarmas se encendieron en el país tras la denuncia del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, sobre un presunto plan criminal en su contra y el de su familia. La información, que llegó a través de la Policía Nacional, activó de inmediato los protocolos de seguridad e inteligencia que tiene el Estado para estos casos. Según el mandatario, estructuras delincuenciales estarían detrás de estas amenazas, lo que lo llevó a hacer un llamado público pidiendo que la seguridad se convierta en una prioridad nacional.

"He recibido información por parte de la Policía Nacional sobre un plan de bandas criminales para atentar contra mi vida y la de mi familia", señaló Char en un mensaje público. El alcalde también enfatizó que "Colombia no puede retroceder. Hoy más que nunca, la seguridad nos preocupa profundamente y debe ser una prioridad nacional".

El Gobierno Nacional no tardó en reaccionar. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, indicó que se están articulando acciones coordinadas con la Fiscalía, la Policía y la Unidad Nacional de Protección para reforzar el esquema de seguridad del alcalde. Como parte de estas medidas, se confirmó la oferta de una recompensa de hasta mil millones de pesos por información que permita anticipar o neutralizar el riesgo.

La situación generó reacciones en diferentes sectores. La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales calificó lo ocurrido como una amenaza directa contra la institucionalidad democrática, advirtiendo que este tipo de hechos no solo afectan a un mandatario sino que ponen en riesgo la gobernabilidad y la confianza que los ciudadanos tienen en sus instituciones. Desde diferentes regiones del país, alcaldes expresaron su respaldo a Char y pidieron reforzar las estrategias de seguridad ante el incremento de hechos violentos que se ha registrado en varias zonas.