El Gobierno Nacional activó un plan de respuesta con 17 medidas y recomendaciones dirigidas a preparar al país frente a la posible llegada del fenómeno de El Niño. Según los análisis climáticos del Ministerio de Ambiente y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), existe una probabilidad del 82 por ciento de que el evento ocurra entre mayo y junio, con posibilidades de extenderse hasta alcanzar el 96 por ciento entre diciembre de 2026 y febrero de 2027.

La ministra encargada de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Vélez Torres, presentó dos circulares dirigidas a entidades territoriales, autoridades ambientales y empresas con licencias ambientales. El objetivo central es reforzar la prevención, el monitoreo y la capacidad de respuesta ante los posibles efectos de la variabilidad climática. De las 17 disposiciones, diez fueron emitidas por el Ministerio de Ambiente y siete adicionales por la Anla.

Entre los riesgos que el país enfrenta están sequías prolongadas, incendios forestales, afectaciones a ecosistemas, impactos sobre el abastecimiento de agua y consecuencias para la salud ambiental y la seguridad alimentaria. Al presentar las medidas, Vélez Torres señaló que "prepararnos es cuidar la vida. Prepararnos es actuar con responsabilidad frente a la crisis climática. Hoy enfrentamos fenómenos cada vez más intensos, prolongados y con mayores impactos sobre el agua, los ecosistemas, la salud y la seguridad alimentaria".

Las acciones del Ministerio incluyen fortalecer el acceso a información oficial mediante boletines técnicos sobre condiciones climáticas, publicar mapas sobre riesgos de incendios e inundaciones y mejorar la comunicación del riesgo con las comunidades. Se estableció también que cuando sea necesario, el abastecimiento humano y los usos agrícolas tendrán prioridad sobre la explotación industrial del agua, además de implementar medidas de ahorro y uso eficiente del recurso.

La prevención de incendios forestales ocupa un lugar central. El Ministerio instó a implementar sistemas de alerta temprana, prohibir quemas abiertas en zonas ambientalmente importantes, fortalecer el monitoreo satelital y respaldar la labor de bomberos y brigadas forestales. En cuanto a conservación, se pidió identificar y proteger corredores biológicos para permitir el desplazamiento de especies silvestres e impulsar la restauración de bosques y humedales.

Para las zonas marino-costeras, las autoridades deberán identificar comunidades en riesgo y monitorear fenómenos como florecimiento de algas, mortandad de peces, erosión costera y blanqueamiento de corales. Respecto a la fauna, el Ministerio solicitó coordinar rescate y atención de animales afectados por incendios o estrés climático, además de prevenir la caza y tráfico ilegal de especies vulnerables.

En materia de calidad del aire y salud ambiental, las autoridades garantizarán la operación de sistemas de vigilancia e informarán a la ciudadanía sobre condiciones atmosféricas. La Anla, por su parte, exigió a los titulares de licencias ambientales revisar sus planes de contingencia, actualizar programas de ahorro de agua y fortalecer el análisis de proyectos hidroeléctricos para evitar fluctuaciones bruscas en los caudales que afecten a comunidades y ecosistemas aguas abajo.