Las inundaciones dejaron más que casas destruidas y vías bloqueadas. Arrasaron con cultivos, desplazaron ganado, interrumpieron clases y pusieron a miles de pequeños productores en una encrucijada: no sabían cómo pagar sus deudas ni cómo volver a sembrar. Ante esta crisis, el Gobierno expidió tres decretos distintos (0174, 0175 y 0176) que tocan directamente los bolsillos del campo y las aulas del país.

Las cifras hablan por sí solas. Según el Gobierno, más de 176.000 hectáreas quedaron afectadas y más de 46.000 productores sufrieron el impacto, con Córdoba como zona crítica. Se perdieron cultivos y ganado, se dañó la infraestructura rural, y los precios de alimentos básicos como el tomate y la papa se dispararon por la escasez. En educación, 763 sedes escolares resultaron damnificadas en ocho departamentos.

El primer decreto autoriza lo más polémico: reubicar de manera temporal o definitiva las fincas afectadas a zonas donde las inundaciones no las destruyan constantemente. El Gobierno lo llama "reordenamiento social y productivo climáticamente inteligente". La idea es que si una tierra sigue siendo arrasada por el agua, no tiene sentido que el productor intente reconstruir allí una y otra vez. En Córdoba, Sucre y Antioquia, el 94,7 por ciento de los predios dañados son pequeñas explotaciones de ganadería doble propósito (carne y leche), y el 65 por ciento corresponde a pequeños productores cuyo ingreso depende completamente de eso.

Pero mover la producción no resuelve lo más urgente: las deudas. Por eso el segundo decreto apunta al bolsillo mismo del problema. Reduce parcialmente el capital adeudado y elimina completamente los intereses de mora en créditos garantizados por el Fondo Agropecuario de Garantías. También crea un plan específico para reestructurar obligaciones de pequeños productores con el Banco Agrario, buscando que sus deudas no terminen en cobranza coactiva. En Córdoba solo, la emergencia afectó a 10.800 agricultores, con pérdida de casi 13.000 cabezas de ganado bovino. Sin este alivio, muchos habrían entrado en quiebra.

El decreto también permite que Finagro y el Banco Agrario vendan la cartera deteriorada a otra entidad (CISA) para limpiar sus balances y crear espacio para nuevos créditos de reactivación. Además, autoriza que la ganancia estatal del Banco Agrario y de Finagro en 2025 se destine a reforzar fondos de protección agrícola contra futuros desastres.

El tercer decreto toca educación. Autoriza que los colegios en los ocho departamentos afectados suspendan el calendario escolar y hagan clases desde casa temporalmente. Lo más importante: permite que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) funcione incluso cuando no hay clase presencial, asegurando que miles de niños sigan recibiendo el complemento alimentario. En territorios donde muchas familias ya vivían en vulnerabilidad antes de las inundaciones, interrumpir tanto el aprendizaje como la alimentación escolar sería un golpe adicional.