El Parque Nacional Natural Tayrona, uno de los ecosistemas más valiosos de Colombia, se encuentra bajo cierre preventivo luego de una serie de eventos que generaron pérdida de control institucional en la zona. Amenazas contra funcionarios de Parques Nacionales, bloqueos, ingreso irregular de visitantes e intimidación derivada de tensiones con comunidades campesinas e indígenas han marcado la situación. El contexto se agrava por la presencia de actores armados ilegales en la región.

Ante esta crisis, el Gobierno nacional ha puesto en marcha un Puesto de Mando Unificado Ambiental, una instancia de coordinación entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio del Interior, la Cartera de Defensa y la Alcaldía de Santa Marta. La iniciativa, que cuenta con acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y la Alta Consejería para la Paz, fue activada por instrucción de la ministra (e) Irene Vélez Torres. El objetivo es fortalecer la respuesta institucional, mejorar la coordinación entre entidades y definir acciones conjuntas que protejan tanto el ecosistema como a las comunidades y visitantes.

La ministra (e) Vélez Torres enfatizó la importancia de este mecanismo señalando que el Parque Tayrona "es una joya ecosistémica del país" cuya protección debe garantizar también la seguridad de los funcionarios y turistas. La funcionaria añadió que "nos importan las comunidades y queremos que las soluciones se construyan con ellas", resaltando el enfoque participativo de la estrategia gubernamental.

En paralelo, el Ministerio de Ambiente adelanta un proceso de diálogo directo con los pueblos indígenas. La próxima semana está prevista la instalación de una mesa de trabajo en la que participarán el Ministerio del Interior, el Ministerio Público y autoridades indígenas reconocidas que mantienen relaciones históricas y ancestrales con el territorio del parque. Este espacio busca abordar la problemática desde una perspectiva de concertación que reconozca los derechos colectivos de las comunidades y genere soluciones construidas de manera conjunta.

Las entidades que integran el Puesto de Mando Unificado han reiterado que su prioridad es garantizar la seguridad de habitantes y turistas mientras se protege la integridad ecológica del área. El Gobierno ha destacado la necesidad de articulación entre los distintos niveles de la administración pública para enfrentar integralmente esta situación que actualmente ve el acceso al parque controlado por comunidades campesinas e indígenas. Un cierre prolongado del Tayrona proyecta un riesgo económico de 330 mil millones de pesos anuales para la región y el país.