El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció una batalla legal contra decisiones recientes del Gobierno Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Durante una reunión de seguridad con alcaldes del Valle de Aburrá, Rendón confirmó que presentará una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado para frenar la resolución que suspendió las órdenes de captura de 23 líderes de estructuras criminales que operan en Medellín y sus alrededores.

La medida en cuestión beneficia directamente a los voceros de las principales bandas que actualmente participan en mesas de conversación impulsadas por el Gobierno. Para el gobernador, sin embargo, esta decisión representa un golpe a la institucionalidad y un riesgo para la seguridad departamental. Rendón argumenta que este tipo de concesiones judiciales afectan la protección de los ciudadanos.

El mandatario expresó su inconformidad de manera directa: "Presento demanda de nulidad con medida cautelar ante el Consejo de Estado: Gustavo Petro y la fiscal liberan criminales, vulneran la justicia, a las víctimas, a jueces, fiscales, Policías y Soldados que han arriesgado su vida por capturarlos". Según Rendón, desde el nivel central "construyen una autopista de impunidad en la que transitan jefes de combos criminales".

Rendón también criticó lo que describe como un trato inconsistente. Señaló que mientras la Fiscalía busca levantar órdenes de captura contra algunos criminales, simultaneamente da "vía libre a los peores pillos en Antioquia". El funcionario insistió en que estas acciones funcionan como mecanismo de presión territorial y electoral que constriñe la autonomía regional y atemoriza a los antioqueños.

La demanda que prepara la Gobernación incluye una solicitud de medida cautelar de urgencia que busca frenar los efectos inmediatos de la resolución. Se anticipa que en las próximas horas el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout, presentará una demanda adicional en el mismo sentido.