En una apuesta por recuperar el control territorial en el Atlántico, el gobernador Eduardo Verano anunció este viernes una estrategia que combina incentivos económicos y presión policial. Durante un Consejo de Seguridad Ministerial realizado en Malambo, el mandatario departamental puso nombre y precio a cinco de los criminales más buscados de la región, con una bolsa total de 528 millones de pesos. "Estamos enfrentando crimen organizado y disputas violentas que cobran vidas cada semana. El objetivo es cerrarles el cerco con ayuda de la ciudadanía", enfatizó Verano, haciendo un llamado a la colaboración judicial bajo reserva de identidad.

Los objetivos principales pertenecen a tres estructuras que han marcado la violencia del departamento. Para capturar a alias Carlos Muletas, vinculado a Los Costeños, se ofrecen hasta 140 millones de pesos. El mismo grupo busca a alias Ricostilla, por quien la recompensa es de 64 millones. En la estructura de Los Pepes, las autoridades ofrecen 140 millones por alias Caín y 64 millones por alias Fluvio. El Clan del Golfo aparece en la lista con alias Tío, señalado como un cabecilla clave en el Caribe colombiano, con una recompensa de hasta 120 millones de pesos.

Sin embargo, Verano fue contundente al señalar lo que, según él, es el principal obstáculo para combatir la criminalidad: un sistema judicial que no respalda adecuadamente el trabajo de la Fuerza Pública. El gobernador reveló que el 93 por ciento de las personas capturadas por porte ilegal de armas quedan libres, una cifra que genera frustración en la Policía y el Ejército, y que perpetúa ciclos de reincidencia. Este cuello de botella judicial, advirtió, debilita la confianza ciudadana en que la seguridad mejorará.

El mandatario también cuestionó públicamente la efectividad de los diálogos de "Paz Urbana" que adelanta el Gobierno nacional. Verano pidió claridad sobre si estos acercamientos realmente detendrán la violencia o si están permitiendo que las bandas se fortalezcan en los territorios mientras se negocia con ellas. La pregunta toca un punto neurálgico: ¿pueden coexistir operaciones militares y procesos de paz en una misma región?

Como contraparte, la administración departamental presentó un balance de inversión que alcanza casi un billón de pesos, destinado a la construcción de estaciones de Policía, renovación de movilidad, sistemas de comunicaciones y herramientas de inteligencia. Se destacó el éxito de una prueba tecnológica durante la Batalla de Flores de Santo Tomás, donde el uso de cámaras inteligentes y analítica demostró capacidad para prevenir delitos en eventos masivos.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, presente en el consejo, aseguró que las operaciones militares y policíales continuarán sin pausa pese a los diálogos de paz existentes. Garantizó que no se permitirá que las bandas criminales interfieran en los procesos democráticos ni en la tranquilidad de los atlanticenses. Con este anuncio, la región entra en una nueva fase de su batalla contra la delincuencia, donde la recompensa económica se convierte en herramienta de presión contra estructuras que han sembrado el terror en los municipios.