La seguridad de los periodistas en Antioquia está en alerta máxima. El gobernador Andrés Julián Rendón denunció públicamente a través de redes sociales que grupos criminales disidentes están reclutando sicarios en el suroccidente del país con un propósito específico: acabar con comunicadores que trabajan en territorio antioqueño. Según el mandatario, estas órdenes provendrían de alias "Calarcá", quien estaría coordinando el envío de estos asesinos desde el Cauca hacia Antioquia.

La alarma se enciende con el caso del periodista Mateo Pérez Rueda, quien fue visto por última vez en la vereda Palmichal, en Briceño, el 5 de mayo. Pérez había llegado a esa zona para realizar entrevistas sobre el orden público regional cuando desapareció. Las autoridades apuntan a alias "Chalá" como el presunto responsable de su muerte, identificándolo como el emisario enviado para cometer estos crímenes contra la prensa.

Para avanzar en la captura de "Chalá", la Gobernación de Antioquia lanzó una estrategia que incluye una recompensa millonaria: hasta 300 millones de pesos por información veraz y oportuna que permita ubicar y capturar al sicario. Se trata de un mensaje claro de que la administración departamental está dispuesta a invertir recursos para proteger a quienes informan en la región.

Pero el gobernador no se conformó con esta medida local. Rendón también dirigió un llamado directo al Ministerio de Defensa, exigiendo que abandone lo que considera una actitud pasiva frente a estas amenazas. El mandatario pidió tres cosas específicas: que se retomen las operaciones de bombardeo contra los campamentos de disidencias, que aumente el control territorial mediante despliegues efectivos de la Fuerza Pública para evitar que criminales circulen libremente entre departamentos, y que se aceleren los procesos judiciales para que los capturados enfrenten la justicia de manera rápida.

La situación refleja una realidad que preocupa profundamente en Antioquia: la libertad de prensa está siendo blanco directo de grupos armados, y los periodistas que investigan temas de conflicto en zonas vulnerables corren riesgos cada vez mayores. El asesinato de Mateo Pérez no es un caso aislado en un panorama donde reportear se ha convertido en una profesión de alto riesgo en varias regiones del país.