Getsemaní ya no huele como antes. Donde alguna vez resonaban historias de independencia y tradiciones de barrio, hoy domina el polvo de ladrillo y el olor a pintura fresca. Detrás de las fachadas coloridas que miles de turistas visitan cada año se libra una batalla silenciosa: la de sus habitantes originarios contra una gentrificación que avanza sin freno, muchas veces respaldada por obras que ignoran completamente la ley.

Los líderes comunitarios han dejado de permanecer callados. Denuncian que Getsemaní se ha convertido en lo que ellos llaman un tablero de construcción sin ley, donde las licencias urbanísticas brillan por su ausencia y el patrimonio histórico está siendo modificado casi impunemente. Según sus reportes, hay al menos 15 construcciones con violaciones graves: sótanos que se excavan en casas clasificadas como Bienes de Interés Cultural, fachadas alteradas, terrazas modernas que rompen la línea del horizonte tradicional. Lo más frustrante para la comunidad es que algunos de estos trabajos culminaron pese a haber sido sancionados y sellados por las autoridades.

La sensación de injusticia permea las calles. Mientras que un residente que intenta reparar una gotera enfrenta sanciones inmediatas, existe lo que los habitantes describen como una permisividad selectiva hacia inversionistas extranjeros y propietarios con grandes capitales. Un líder comunitario que prefiere guardar su anonimato por seguridad ha documentado casos emblemáticos: el Callejón Angosto está bajo proceso sancionatorio, la Calle de las Chancletas en averiguación preliminar desde agosto, la Casa Graziani con proceso administrativo activo. El paisaje que UNESCO protege está siendo desfigurado sistemáticamente.

El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena presenta cifras que buscan mostrar un mayor control: 350 inspecciones técnicas en 2025 (50 por ciento más que el año anterior) y 183 procesos administrativos sancionatorios activos. Pero para quienes viven en la Calle de la Sierpe o la Plaza de la Trinidad, estas estadísticas no detienen el ruido de las construcciones ni las polvaredas. A pesar de 13 órdenes de suspensión preventiva emitidas el año pasado, las obras clandestinas continúan en patios internos donde la policía parece no llegar.

Lo más grave es que detrás de cada intervención ilegal hay una transformación social más profunda. Las casas patrimoniales se convierten en hoteles boutique o apartamentos de alquiler a corta estancia. Las familias raizales, presionadas por el encarecimiento del suelo y la imposibilidad de competir con los inversionistas, abandonan poco a poco el barrio. Getsemaní está dejando de ser un lugar de tradiciones para convertirse en una zona comercial donde la fiesta, la noche y el licor dominan.

El Distrito asegura que fortalece los procesos de cobro coactivo en conjunto con otras dependencias, pero la pregunta que resuena en las esquinas es la misma: ¿son suficientes las multas para frenar a quien tiene capital para pagarlas y seguir construyendo? Si el patrimonio es la memoria de piedra de una ciudad, Getsemaní está perdiendo el registro de quiénes lo construyeron. La belleza del barrio, paradójicamente, se está convirtiendo en su peor enemiga.