El sistema de salud colombiano enfrenta su momento más crítico en más de tres décadas. Así lo plantea Alejandro Gaviria, exministro de Salud, quien en conversación con El Tiempo advierte que la combinación de una deuda acumulada de 32,9 billones de pesos, el colapso de indicadores de atención y la crisis de las EPS intervenidas ha llevado el sector a un punto de quiebre. Aunque reconoce que los problemas estructurales vienen de años atrás, Gaviria señala que las decisiones adoptadas en los últimos años aceleraron dramáticamente el deterioro.

Los números avalan la gravedad del panorama. Las EPS bajo intervención estatal han registrado un aumento superior al 50 por ciento en reclamos de usuarios. Las acciones de tutela por servicios de salud casi se han duplicado en cuatro años, alcanzando cerca de 379.000 casos en 2025, con casi el 78 por ciento de ellas falladas a favor de los pacientes. Para Gaviria, estas cifras reflejan no solo problemas puntuales, sino "casi una crisis humanitaria" para pacientes con enfermedades raras, trasplantados o diabéticos que enfrentan barreras cada vez mayores de acceso.

Cuando se le pregunta sobre la responsabilidad de gobiernos anteriores versus el actual, Gaviria es claro en su comparación: mientras que hace una década el déficit estructural del sistema era de aproximadamente 2 billones de pesos anuales, hoy es de 4 o 5 veces mayor. La deuda pasó de representar el 20 por ciento de los ingresos anuales del sistema a cerca del 50 por ciento. "Podemos decir entonces que sí, claro, hay un problema estructural, pero ese problema ha crecido 2 o 3 veces más de lo que fue históricamente durante este gobierno", explica.

Sobre las intervenciones de EPS que el Gobierno implementó hace tres años como medida de protección a los afiliados, Gaviria es contundente: fracasaron. Señala que inicialmente el Gobierno prometió salvar a Nueva EPS y otras aseguradoras mediante las intervenciones, pero dos años después ese discurso cambió hacia reconocer que no era posible salvarlas. "Las intervenciones fracasaron estruendosamente", afirma, atribuyendo el fracaso a la inestabilidad en los interventores, la falta de recursos frescos y lo que califica como "botines políticos" en los que se convirtieron algunas EPS intervenidas.

Si un nuevo gobierno tuviera que actuar de inmediato, Gaviria plantea tres medidas urgentes. Primero, enviar mensajes rápidos de confianza: mantener el sistema de aseguramiento individual y reafirmar que la UPC se calculará técnicamente de forma independiente. Segundo, recalcular las deudas del Estado con el sistema de salud, revisando el cálculo de la UPC desde 2021 hasta 2025, lo que podría liberar entre 10 y 15 billones de pesos para estabilización. Tercero, tomar una decisión sobre Nueva EPS, la aseguradora más grande con 11,7 millones de afiliados. Gaviria considera que el caos en Nueva EPS es "tan difícil de solucionar" que el Gobierno debe considerar seriamente su liquidación para posteriormente crear una estructura nueva, regionalizada y con socios estratégicos serios.

A mediano y largo plazo, Gaviria propone fortalecer las capacidades regulatorias del Estado, implementar mecanismos de priorización explícita para nuevas tecnologías médicas y adoptar modelos de atención diferenciados según el contexto: uno para ciudades grandes, otro para ciudades intermedias y otro para zonas rurales. Reconoce que el sistema necesitará aproximadamente un punto del PIB adicional en los próximos 15 o 20 años, pero también requiere aumentar eficiencia mediante transformación digital e inteligencia artificial.

Finalmente, advierte sobre el costo humano de no actuar: "Miles de muertes, sufrimiento humano, muchas tragedias, la gran mayoría de ellas invisibles". Pero también subraya que Colombia decidió hace más de una década que la salud es un derecho fundamental, lo que impone obligaciones al Estado, la sociedad y el sector privado para construir un sistema que sea el mejor de América Latina.