En Bogotá continúa resonando un caso que trasciende los juzgados: el de Doña Helena, fundadora de la marca de textiles Elena del Mar, quien a sus 91 años ha denunciado una cadena de presuntos abusos dentro de su propia familia. Violencia psicológica, manipulación y lo que ella misma describe como intentos deliberados de arrebatarle control sobre sus bienes y su empresa son parte de las acusaciones que hoy observan con atención abogados, jueces y organizaciones defensoras de derechos humanos.

Según lo conocido en el proceso, Doña Helena ha señalado comportamientos destinados a socavar su capacidad de tomar decisiones sobre su patrimonio y sus negocios. Lo más preocupante en sus denuncias es la aseveración de que se habrían suministrado sedantes a sus cuidadores con el propósito de mermar su claridad mental y facilitar así el control sobre su empresa. Estas acusaciones llevaron a que la Comisaría de Familia de Usaquén emitiera la Medida de Protección MP 049 el 2 de febrero de 2026, con el fin de resguardar a la adulta mayor de posibles daños.

El caso ha puesto de nuevo en la mira pública una realidad que muchas familias viven en silencio: la violencia contra los adultos mayores, especialmente cuando hay dinero e herencias de por medio. Los expertos en derecho de familia advierten que si se comprueban actos de maltrato, manipulación o aprovechamiento indebido contra una persona de la edad de Doña Helena, podrían activarse figuras jurídicas como la indignidad sucesoral, que en la legislación colombiana existe precisamente para impedir que quienes hayan cometido conductas graves contra el causante se beneficien de sus herencias.

Lo que ha llamado la atención de varios sectores es también la forma como el proceso ha avanzado judicialmente. Mientras algunas pruebas presentadas por Doña Helena fueron cuestionadas por tecnicismos de procedimiento, documentos de la contraparte sí fueron admitidos, lo que ha generado críticas sobre la coherencia de las decisiones de los jueces.

Más allá del litigio, este conflicto se ha convertido en un espejo de una problemática cada vez más visible: la vulnerabilidad de los mayores cuando se enfrentan a disputas familiares por negocios, propiedades y herencias. Organizaciones que defienden los derechos de las personas adultas mayores insisten en que lo central debe ser garantizar su dignidad, su seguridad y su bienestar, particularmente cuando hay denuncias de violencia o presión para entregar sus bienes.

El legado de Elena del Mar y la historia de su fundadora hoy se debaten en los juzgados, con el potencial de que este caso marque el camino en materia de protección patrimonial y derechos de los adultos mayores en el país.