El escándalo de títulos falsos en la Fundación San José es apenas la punta del iceberg. El Ministerio de Educación descubrió cuatro irregularidades graves que justificaron las medidas de vigilancia especial más estrictas que puede imponer la cartera educativa. Esto significa que ahora una inspectora trabajará dentro de la institución monitoreando todas sus actividades académicas, administrativas y financieras. Además, la universidad debe cumplir un plan de mejoramiento obligatorio.

La entrega de títulos sin requisitos de ley es la irregularidad más conocida. Personas como Juliana Guerrero, una contratista del Gobierno, recibieron diplomas sin haber presentado las pruebas Saber Pro, como lo ordena la normativa. Algunos casos son aún más graves: hay evidencia de títulos expedidos a personas que nunca asistieron a clases ni tienen registros académicos comprobables.

Pero hay más. El Ministerio encontró que la Fundación San José pagaba a sus docentes de hora cátedra por debajo del mínimo legal. La ley establece que estos profesores deben recibir al menos el equivalente a ocho salarios mínimos por hora de clase, lo que en 2025 suma aproximadamente 47.450 pesos más prestaciones sociales. Además, estos pagos deben hacerse mediante contrato laboral, no por honorarios. En la San José había casos donde se violaba esta obligación.

Otra falta investigada es la publicidad indebida de programas académicos que no le pertenecen a la institución. Se sospecha que promocionaba cursos del Instituto Triángulo, también vinculado al político Francisco Pareja, quien es accionista mayoritario de la San José. Finalmente, la universidad no reportó información académica obligatoria al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies), una plataforma donde deben registrarse datos sobre estudiantes matriculados, graduados, programas activos y balances financieros.

Los directivos ya enfrentan consecuencias. La rectora Romelia Ñuste Castro y el exsecretario general Luis Carlos Gutiérrez Martínez recibieron un pliego de cargos y tienen 30 días para presentar su defensa. Las sanciones pueden ser severas: desde multas de hasta 500 salarios mínimos para personas, hasta inhabilitación por diez años para ejercer cargos en educación superior o contratar con instituciones de este sector.

La San José puede recibir sanciones aún más drásticas. El Ministerio puede suspender o cancelar sus programas académicos, congelar nuevas admisiones de estudiantes, o incluso cancelar su personería jurídica. Todo depende de la gravedad que determine la cartera educativa. Por ahora, la vigilancia especial es el paso inicial en un proceso que apenas comienza y que podría traer decisiones aún más contundentes.