En el corazón de la Reserva Forestal del Río Bogotá, autoridades ambientales descubrieron una urbanización ilegal que ponía en riesgo uno de los recursos más vitales para la región: el agua que toma Bogotá y sus alrededores. Se trataba de cinco mansiones campestres construidas tan cerca las unas de otras que parecían el comienzo de un conjunto residencial, además de un espacio destinado a comercio.

Lo más preocupante no era solo que estuvieran levantadas sin permiso. El verdadero problema radicaba en que estas obras carecían de sistemas adecuados para el tratamiento de aguas residuales. Los responsables pretendían manejar los desechos mediante tanques temporales y luego transportarlos en camiones especiales hacia un sitio autorizado. Un esquema que podría funcionar en otros lugares, pero no en una reserva forestal destinada a proteger la cuenca alta del Río Bogotá.

Fue así que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) intervino en la vereda Tilatá, en el municipio de Chocontá. Durante la inspección, los funcionarios de la Dirección Regional Almeidas y Guatavita encontraron múltiples infracciones. Según sus hallazgos, el proyecto representaba un alto riesgo por la remoción de suelo dentro de la reserva y ejercía una presión innecesaria sobre el recurso hídrico.

Camilo Poveda, director regional de Almeidas y Guatavita de la CAR, explicó que "el número de viviendas autorizables debe estar asociado a la potencialidad y la demanda de recursos naturales de la cuenca en el área de influencia, con especial énfasis en el recurso hídrico, tanto en el abastecimiento como en la disposición final". En otras palabras, no se puede construir sin pensar en cuánta agua hay disponible y cómo se usará.

Las cinco mansiones tampoco cumplían con otra regulación importante. La Resolución 138 de 2014 establece límites claros sobre la densidad de construcciones permitidas en suelos dentro de la reserva. Los inspectores encontraron que todas estas edificaciones se agrupaban en apenas una hectárea de terreno, superando significativamente los límites permitidos por hectárea. Esto va directamente contra el propósito de protección que tiene la reserva.

El operativo evidencia cómo la presión inmobiliaria llega hasta los lugares más sensibles ambientalmente. La Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta del Río Bogotá no es un terreno cualquiera: es la zona que alimenta de agua a millones de colombianos. Protegerla no es un lujo ambiental, es una necesidad fundamental. Por eso las autoridades no dejaron pasar por alto que estas construcciones carecían incluso de permiso de vertimientos, el documento básico que debe tener cualquier obra que maneje residuos.