Fonseca vive una de sus peores crisis institucionales. La tensión es palpable en las calles después de que las autoridades electorales decidieron no entregarle la credencial de alcalde a Micher Pérez Fuentes, quien ganó en los comicios atípicos realizados en el municipio. Eso ha generado una reacción ciudadana que llevó al municipio a un paro general con bloqueos en las vías de entrada y salida, dejando claro que la población está decidida a defender lo que considera fue su decisión en las urnas.

El problema de fondo es que existe un Tribunal Administrativo de Riohacha que, mediante auto del 4 de mayo de 2026, admitió una acción de tutela presentada por Pérez Fuentes contra el Consejo Nacional Electoral. En ese mismo acto, el tribunal decretó una medida cautelar que suspendió los efectos de las resoluciones que lo revocaban como candidato. Los ciudadanos y seguidores de Pérez Fuentes sostienen que esa orden judicial vigente lo habilitaba legalmente para participar en las elecciones y, por lo tanto, para recibir su credencial como alcalde electo.

El proceso electoral en Fonseca estuvo lleno de tropiezos desde el inicio. Durante el escrutinio hubo diferencias entre las comisiones auxiliares y falta de consenso en la comisión escrutadora municipal. La controversia se extendió hasta la comisión escrutadora departamental, que finalmente decidió no entregar la credencial a Pérez Fuentes. Esa determinación fue vista como un desconocimiento tanto de la orden judicial como de la voluntad expresada en las urnas.

Abogados consultados advierten sobre las posibles implicaciones legales de esta decisión. Según su análisis, una medida cautelar emitida dentro de una acción de tutela debe acatarse de forma inmediata. Los funcionarios que desobedezcan una orden judicial podrían enfrentar incidentes de desacato, investigaciones disciplinarias e incluso responsabilidades penales. Entre las conductas que podrían investigarse están el fraude a resolución judicial o el prevaricato.

En las calles, la reacción fue casi instantánea. Ciudadanos de distintos sectores salieron a protestar desde tempranas horas, instalando bloqueos en puntos estratégicos del municipio. Los manifestantes defienden su voto y exigen que se cumpla la orden del tribunal, pidiendo que prevalezca la legitimidad democrática sobre cualquier otra consideración administrativa.

Lo que ocurre en Fonseca trasciende una simple cuestión de credencial. En el centro de este conflicto convergen derechos políticos fundamentales, decisiones electorales, legitimidad democrática y la obligación estatal de cumplir órdenes judiciales. Mientras el proceso de tutela avanza hacia una decisión de fondo, el municipio permanece paralizado y bajo una tensión que crece cada día, con ciudadanos esperando que las autoridades encuentren una solución que respete el orden constitucional y evite que la crisis siga profundizándose.