La Fiscalía General de la Nación ha dado un paso importante al expedir la Resolución 00119 de 2026, un documento que establece los lineamientos que debe seguir la institución cuando investiga crímenes, amenazas y agresiones contra periodistas, comunicadores sociales y trabajadores de medios de comunicación. Con esta decisión, la entidad reconoce el papel crucial que juega el periodismo en la sociedad colombiana y se compromete a fortalecer sus respuestas ante ataques contra la prensa.

La medida llega en un momento crucial. Los ataques contra periodistas no solo lastiman a las víctimas de forma individual, sino que afectan derechos fundamentales como la libertad de expresión, el acceso a la información y la posibilidad de que los ciudadanos participen en debates públicos informados. Por eso, los nuevos lineamientos van más allá de lo que hacía antes la Fiscalía.

A partir de ahora, cuando un fiscal investigue un caso de violencia contra un periodista, debe analizar el contexto completo. Esto significa revisar no solo el ataque en sí, sino también qué historias estaba denunciando o verificando el comunicador en ese momento. El objetivo es claro: identificar si hubo intención de censurarlo, de represaliarlo por exponer intereses ilícitos o de obligarlo a dejar de informar. Los nuevos lineamientos exigen a los fiscales que trabajen con celeridad, de forma exhaustiva y con rigor técnico, sin dilaciones injustificadas, asegurando que se recoja, preserve y analice toda la prueba disponible.

Para los casos donde existe riesgo actual o inminente contra la vida o la integridad del periodista, la Fiscalía debe actuar con prioridad máxima. Primero, proteger a la víctima. Segundo, verificar de inmediato el riesgo. Tercero, activar mecanismos de protección para evitar nuevas agresiones. El protocolo también reconoce como periodista a quienes ejercen esta labor en internet y entornos digitales, sin necesidad de que tengan acreditaciones formales. Esto amplía significativamente quiénes quedan protegidos bajo estas directrices.

Operativamente, la Fiscalía fortalece cómo recibe, registra y distribuye las denuncias de estos casos. La idea es que no se pierdan en el camino y que se identifique claramente que se trata de un ataque contra alguien que ejercía periodismo. Además, las diferentes dependencias de la Fiscalía ahora deben comunicarse mejor, compartir información y analizar juntos los casos para encontrar patrones criminales. Esto evita que las investigaciones se fragmente y que se pierda información valiosa.

Un aspecto importante es que la Fiscalía establece un canal permanente de comunicación con organizaciones de la sociedad civil que defienden la libertad de prensa. Esto permitirá mejorar la prevención, acompañar mejor a las víctimas y obtener información relevante para las investigaciones. También se prevén capacitaciones para que los fiscales y los servidores que reciben las denuncias entiendan bien estos nuevos lineamientos y cómo aplicarlos en cada caso.