La Fiscalía destapó un nuevo escándalo de corrupción en La Guajira que golpea donde más duele: en la nutrición de los niños y las mujeres embarazadas. Este martes, el ente acusador judicializó a siete personas que habrían orquestado una maniobra para desaparecer más de 860 millones de pesos que estaban destinados a alimentar a la población más vulnerable en Riohacha y Manaure.

El esquema era relativamente simple pero efectivo. Tres exfuncionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar funcionaban como los facilitadores internos: Gabriel Antonio Benítez Orcasita, Lorenza Martínez Valdeblanques y Jessica Karina Peñaranda Murgas. Su rol era autorizar pagos y actas que legitimaran la estafa. Mientras tanto, cuatro particulares completaban la red: Leyder Fabián Pérez Romero, José Gregorio Mengual Riveira, Pedro Pablo Romero Pinilla y Rosidis Barliza Rivera. Estos últimos operaban como proveedores de alimentos y contratistas que presentaban facturas con precios completamente desproporcionados.

La investigación reveló que entre febrero y diciembre de 2019, los tres supervisores del ICBF aprobaron doce pagos cargados de sobrecostos. Para justificar esas cifras infladas, utilizaban facturas falsas de proveedores de carne y verduras que marcaban precios inusualmente altos. Con esos documentos manipulados, inflaban los informes financieros que presentaban ante el ICBF, logrando extraer más dinero del presupuesto público de lo que realmente se gastaba en alimentación.

La fiscal de la Unidad de Administración Pública de La Guajira reunió pruebas contundentes que permitieron imputar a los siete involucrados por peculado en sus dos modalidades, además de falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado. Estos cargos reflejan la gravedad de lo ocurrido: no solo robaron dinero destinado a los más necesitados, sino que lo hicieron mediante documentos falsos y usando sus posiciones públicas para dar apariencia de legitimidad al robo.