La Fiscalía General salió a detener interpretaciones equivocadas sobre lo que significa la suspensión de órdenes de captura que acaba de anunciar contra 23 voceros de bandas criminales en el Valle de Aburrá. Y es que desde que se conoció la Resolución 00072 del 27 de marzo, han surgido dudas sobre si esto implica soltar a los cabecillas que ya están detenidos. No es así.

La entidad aclaró que la medida no toca la situación legal de nadie. Quienes actualmente están cumpliendo condenas, tienen medidas de aseguramiento o enfrenta otros requerimientos judiciales deben seguir en los centros penitenciarios y carcelarios donde están. Su situación jurídica continúa igual. La suspensión de capturas no es una excarcelación disfrazada ni un beneficio para reducir penas.

Entonces, ¿para qué sirve esta medida? Según la Fiscalía, es una herramienta jurídica que permite a estos voceros participar en los Espacios de Conversación Sociojurídicos que impulsa el Gobierno Nacional. La solicitud vino del 24 de febrero desde la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, con el objetivo de avanzar en procesos de sometimiento a la justicia con estructuras criminales de alto impacto en la región.

La resolución tendrá una vigencia inicial de seis meses y se basa en leyes como la Ley 2272 de 2022 y la sentencia C-525 de 2023 de la Corte Constitucional. Pero la Fiscalía fue enfática en aclarar qué no incluye esta suspensión: no exonera a nadie de responsabilidades penales, no suspende investigaciones sobre delitos graves como secuestro, extorsión o violaciones a derechos humanos, y tampoco evita capturas en caso de flagrancia.

En otras palabras, mientras estos cabecillas conversan con el Gobierno en Medellín, el Valle de Aburrá y Rionegro, las investigaciones por los crímenes más graves continúan su curso normal. Es una apertura limitada y controlada, no un perdón ni una salida del sistema judicial.