El viernes 20 de marzo, The New York Times y Los Ángeles Times publicaron reportajes simultáneos que desplegaron un panorama judicial sin precedentes contra el presidente Gustavo Petro, reabriendo acusaciones de presuntos nexos con capos del narcotráfico. Lo que hace significativa esta cobertura es que ambos medios actuaron de manera independiente, pero sus hallazgos se complementan para armar una narrativa que muestra a autoridades estadounidenses construyendo un expediente contra el mandatario.

El Times de Nueva York reveló que al menos dos fiscalías federales investigaban penalmente a Petro por posibles vínculos con el narcotráfico. Pero Los Ángeles Times fue más allá: según registros vistos por la agencia Associated Press, la DEA ya lo había designado como "objetivo prioritario". Esta no es una clasificación administrativa menor. Esta etiqueta es reservada para personas que han tenido un "impacto significativo" en el comercio de drogas, lo que indica que autoridades estadounidenses llevan años acumulando evidencia. Los registros de la DEA muestran que Petro aparece en múltiples investigaciones que se remontan a 2022, muchas basadas en testimonios de informantes confidenciales.

Las investigaciones están a cargo de las fiscalías de los distritos Sur y Este de Nueva York, conocidas como Manhattan y Brooklyn, con participación de fiscales especializados en narcotráfico internacional, agentes de la DEA y del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional. Las líneas de investigación son múltiples. La primera explora posibles acuerdos de Petro con el cártel de Sinaloa, la organización criminal mexicana más poderosa del mundo. La segunda examina si su política fue diseñada para beneficiar a narcotraficantes que aportaron dinero a su campaña presidencial. La tercera investiga si fuerzas del orden colombianas fueron usadas para contrabandear cocaína y fentanilo a través de puertos del país. Vale aclarar que ninguna de estas líneas ha derivado aún en cargos formales.

Pero hay un elemento que da una dimensión concreta al caso: la cárcel La Picota. Según una fuente que habló con Los Ángeles Times bajo anonimato, fiscales de Brooklyn han interrogado a narcotraficantes sobre acusaciones de que representantes del presidente solicitaron sobornos a narcos presos en ese penal a cambio de la promesa de que no serían extraditados a Estados Unidos. Esto significa que la investigación no se queda en el plano de vínculos políticos abstractos, sino que tiene nombres, una cárcel específica y una negociación con precio.

La familia presidencial también está bajo escrutinio. Su hijo, Nicolás Petro, fue acusado en 2023 de solicitar contribuciones ilegales de campaña a un narcotraficante condenado para financiar un estilo de vida con autos y casas costosos. Aunque se declaró inocente y su padre aseguró que ese dinero nunca financió la campaña, fiscales colombianos documentaron que sí ingresó dinero ilícito a los comicios de 2022. El hermano del presidente, Juan Fernando Petro, también ha sido implicado en negociaciones con narcotraficantes encarcelados para protegerlos de la extradición a cambio de su desarme.

Petro ha negado sistemáticamente todos estos señalamientos y ha destacado los logros de su gobierno contra el cultivo de coca y operaciones militares contra grupos de narcoterrorismo. Ha calificado las acusaciones de políticamente motivadas, especialmente después de que el presidente Trump lo llamara "líder ilegal de drogas" y el Departamento del Tesoro lo sancionara a finales de 2025 por presuntos vínculos con el narcotráfico sin ofrecer pruebas públicas.

El contexto político es imposible ignorar. Trump ha utilizado investigaciones criminales contra rivales y enemigos, y podría aprovechar estos expedientes como palanca para obtener mayor cooperación de Colombia en antinarcóticos. La historia regional reciente muestra patrones similares: Nicolás Maduro fue capturado en Caracas semanas después de que Trump sugiriera una "toma de control amistosa" de Venezuela. Además, está el precedente de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, quien fue extraditado semanas después de dejar el cargo y condenado a 45 años de prisión.