Famisanar responde a denuncia de extorsión: acusa a IPS Rohi de calumnias y fraude procesal

La EPS Famisanar rechazó categóricamente las acusaciones de extorsión que le hizo la IPS Rohi, tildándolas de "temerarias" y ofensivas contra su personal. Según Famisanar, fue la propia Rohi quien terminó unilateralmente el contrato en diciembre, dejando sin servicios a unos 4.000 afiliados. La aseguradora ya denunció al gerente de Rohi en la Fiscalía por calumnia, mientras que la IPS sostiene que sufrió presiones y solicitudes impropiadas durante reuniones con funcionarios de la intervención.
En medio de la pulseada entre Famisanar y la IPS Rohi, la aseguradora salió a defender su nombre. Tras las acusaciones que hizo el gerente de Rohi, Luis Carlos Bernúdez, sobre supuesta extorsión por parte del interventor Germán Gallo y su equipo, Famisanar respondió con firmeza, descalificando los señalamientos como "temerarias" que "socavan de forma grave la honra, el buen nombre y la seguridad personal del agente interventor y de los demás funcionarios de Famisanar, al señalarlos públicamente de cometer conductas delictivas y tratarlos de 'criminales'".
Lo que para Rohi fue un cierre de servicios forzado, para Famisanar fue una decisión unilateral de la IPS. La aseguradora aseguró que el 29 de diciembre fue Rohi quien terminó el contrato de forma abrupta, dejando en la estacada a cerca de 4.000 afiliados. Además, la EPS intervenida desde septiembre de 2023 por la Superintendencia de Salud cuestionó la credibilidad de las pruebas presentadas por Bernúdez, argumentando que utilizó "fotos de personas homónimas de funcionarios de Famisanar, con el fin de endilgarles conductas delictivas e inexistentes actos de corrupción".
Tan serio se lo tomó Famisanar que ya interpuso una denuncia en la Fiscalía contra el gerente de Rohi por el delito de calumnia, pidiendo además que se investigue si hubo falsa denuncia y fraude procesal. Sin embargo, la versión de Bernúdez cuenta otra historia. Según su relato, todo comenzó cuando la gestión de Gallo suspendió la publicación de la programación de pagos en el sistema de proveedores de Famisanar, lo que antes se hacía desde el primer día de intervención para garantizar transparencia. Esta decisión, según el gerente, generó incertidumbre financiera en la IPS.
Las cosas se deterioraron más en diciembre, cuando el flujo de caja de Rohi se desplomó a menos del 20% de lo que necesitaban para operar. Después de enviar cartas solicitando claridad sobre los pagos, Bernúdez fue citado presencialmente con Johana Astrid Celis, funcionaria cuya contratación ha generado controversia por ganar 28 millones de pesos teniendo solo bachiller académico homologado por experiencia. En esa reunión del 19 de diciembre, según la denuncia, Celis realizó lo que el gerente describe como un "perfilamiento" de la IPS, haciéndole preguntas incisivas como "¿ustedes tienen padrino político? ¿Cuánto necesitan para que puedan seguir trabajando? ¿Cuántos pacientes tienen? ¿Qué están dispuestos a hacer para acceder a toda su cartera? ¿Cuánto facturan? ¿Quieren que les suba las tarifas? ¿Qué contratos tienen?".
Pero hay más. Bernúdez afirma que en esa misma reunión le pidieron televisores para regalárselos a empleados, advirtiéndole que "si no pueden darlos ya sabemos con quién no podemos contar". Aunque dice haberse sentido coaccionado, accedió bajo el argumento de que "es normal que las empresas soliciten donaciones de sus proveedores para sus empleados". Lo cierto es que este conflicto está golpeando a los más vulnerables. Según denunció Rohi, el traslado de pacientes a otra IPS llamada Health and Life está afectando a enfermos crónicos, con el testimonio de que "los niños se están ahogando por falta de prestación de servicios por parte de esta IPS".
Rohi, que opera desde hace más de seis años en el sector con tres sedes en Cundinamarca (Funza, Madrid y Bogotá) y ofrece medicina domiciliaria familiar con más de cinco ambulancias propias, ahora lidia con las consecuencias de esta ruptura. Mientras Famisanar prepara sus argumentos legales en la Fiscalía, pacientes y trabajadores quedan atrapados en el medio de una disputa que va mucho más allá de cifras y contratos.
Fuente original: El Colombiano - Colombia

