La Procuraduría General de la Nación investigará a Jaime Alberto Pardo Parra y Víctor Hugo Macea Buelvas, quienes fueron gerentes del contrato de interventoría de la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (ENTerritorio). La indagación se centra en presuntas irregularidades en cinco contratos destinados a construir 900 viviendas de interés prioritario en los departamentos de Cesar y La Guajira.

De acuerdo con el organismo de control, durante la ejecución de estos proyectos se registraron incumplimientos contractuales serios, retrasos en la construcción de las obras, deficiencias en las tareas de supervisión e interventoría, y ampliaciones de plazo que aparentemente no fueron acompañadas de sanciones efectivas contra los contratistas responsables. En otras palabras, quienes construían las viviendas demoraban más tiempo, pero no enfrentaban consecuencias reales.

La Procuraduría también quiere saber si hubo fallas en las acciones que debieron haberse tomado para mantener las obras en marcha conforme al calendario originalmente establecido. Estos retrasos significativos han afectado directamente a cientos de familias que aún esperan recibir sus casas, dejando en el aire proyectos de vivienda que debería haber resuelto tiempo atrás.

El Ministerio Público evaluará el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales relacionadas con la construcción y entrega de estos inmuebles. Según la información que han recopilado, los proyectos bajo investigación todavía están en ejecución, aunque hace rato debieron haberse completado.

Con esta actuación disciplinaria, la Procuraduría busca establecer si los funcionarios investigados cometieron conductas que vulneraron principios fundamentales como la eficiencia, la responsabilidad y la transparencia en la administración de recursos públicos destinados a programas de vivienda para familias de menor capacidad económica.