La familia del senador Miguel Uribe Turbay levantó la voz el 23 de junio contra lo que considera una decisión sospechosa en el sistema de justicia. A través de sus abogados, cuestionaron la destitución del mayor retirado Javier González Gutiérrez, juez militar especializado que hace poco había archivado la investigación contra el subcomisario Víctor Gómez, quien dirigía el esquema de protección de la Policía Nacional asignado al dirigente político.

Lo que más incomoda a los representantes legales de la familia es el timing. El juez fue declarado insubsistente apenas una hora después de terminar la audiencia en que ordenó cerrar el proceso. En el comunicado, los apoderados señalaron: "resulta jurídicamente inaceptable que, en un escenario procesal que exige rigor, objetividad y responsabilidad institucional, fuera declarado insubsistente un Juez de la República, una hora después de concluida la audiencia en que se resolvió precluir la investigación por atipicidado". Para la defensa, esto representa una vulneración a la independencia judicial y la seguridad jurídica.

En la sentencia que generó toda esta polémica, el juez concluyó que Gómez hizo bien su trabajo. Según la resolución judicial, el subcomisario "desplegó múltiples acciones para garantizar la seguridad del protegido pese a las limitaciones operativas, la escasez de personal y un esquema reducido". Sin embargo, la sentencia también señaló que "la responsabilidad principal recae sobre la Unidad Nacional de Protección (UNP), al evidenciar dificultades logísticas y limitaciones en los recursos asignados al esquema, responsabilidad que debe ser definida por la justicia ordinaria".

Esa conclusión parece haber abierto otro frente en el caso. La Fiscalía General mantiene una investigación contra Augusto Rodríguez, director de la UNP, por el delito de prevaricato por omisión. La audiencia de imputación en ese proceso estaba programada pero fue aplazada y hasta ahora no se ha fijado una nueva fecha.

Para la familia de Uribe, la conexión entre la decisión judicial y la posterior destitución del juez no es casualidad. "Resulta de especial gravedad que el Juez asegurara la existencia de una relación directa entre la decisión judicial y la medida administrativa que determinó la insubsistencia", dijeron sus representantes. Desde su perspectiva, estas actuaciones vulneran los principios fundamentales de la administración de justicia.

Pese a las sospechas sobre lo que consideran una cadena de hechos problemáticos, la defensa de la familia reafirmó su compromiso con el caso. Aseguraron que continuarán promoviendo todas las acciones judiciales necesarias y enfatizaron: "Nuestra lucha por la memoria y el legado de Miguel Uribe Turbay no dará tregua, pero siempre se enfatizará en el respeto de las garantías e independencia de los servidores judiciales". La tensión entre buscar justicia y resguardar la integridad del sistema judicial sigue marcando este proceso que mantiene a Colombia atenta.