Fabio Arjona Hincapié, biólogo marino que ha dirigido Conservación Internacional Colombia y fue viceministro de Ambiente, será el nuevo jefe de la cartera ambiental en el gobierno de Abelardo de la Espriella. Con una trayectoria de más de dos décadas trabajando en conservación de la biodiversidad y experiencia como investigador y consultor del Banco Mundial, Arjona es el tercer miembro confirmado del gabinete presidencial. Durante la campaña, acompañó al entonces candidato a la Vicepresidencia, José Manuel Restrepo, en una visita a un páramo como experto ambiental.

Para Daniel Castillo, decano de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana, el panorama que enfrenta Arjona es complejo. "Uno, la deforestación; dos, la minería ilegal; tres, la pérdida general de biodiversidad; cuatro, el acceso al agua; quinto, las consecuencias de la variabilidad climática o el cambio climático y sexto, la transición energética", enumeró el experto. Sin embargo, Castillo cree que los verdaderos obstáculos son más profundos. "Hay un bloqueo mental en el que se habla de que proteger el ambiente, la diversidad y los ecosistemas va en detrimento del desarrollo económico y social. Hay que acabar con eso, porque ambas se pueden conciliar", explicó. También advirtió que el Ministerio de Ambiente necesita coordinar mejor con otras carteras. "Tienen reglas de juego o políticas públicas que muchas veces se contradicen e incluyen. Por ejemplo, incluyen incentivos para la ganadería en zonas donde la deforestación es un problema fundamental", señaló.

Viviana Alvarado, especialista en Medio Ambiente y Geoinformática, coincide en que "el principal reto del Ministerio de Ambiente será encontrar un equilibrio entre la protección del capital natural y la reactivación económica". Ella marca una diferencia clara respecto al gobierno anterior: "mientras el gobierno saliente priorizó la transición energética, la conservación de la Amazonía y la restricción de nuevos proyectos de exploración de hidrocarburos, el nuevo gobierno ha planteado una visión orientada a compatibilizar el desarrollo económico con la sostenibilidad ambiental". Esto significa fortalecer el licenciamiento ambiental, acelerar evaluaciones sin perder rigor técnico y enfrentar problemas como deforestación, minería ilegal y contaminación de agua.

Esteban Jaramillo Ruiz, exsecretario de Recursos Naturales de Medellín, le manda un mensaje directo a Arjona: "debe asumir el cargo entendiendo que terminó la campaña y empieza el gobierno. Muchas de las consignas de campaña deben moderarse, por ejemplo, 'fracking a lo que marca' no puede ser la posición del Ministerio, que dentro de su misionalidad tiene el objetivo de proteger los ecosistemas, cuidar la biodiversidad y garantizar el cuidado del agua. Debe mediar en ese debate entre desarrollo y sostenibilidad". Jaramillo sostiene que cuando haya conflicto entre ecosistemas estratégicos y proyectos mineros o energéticos, "debería priorizarse la protección. Porque en el corto plazo es más rentable la explotación, pero en el largo los efectos son devastadores".

En cuanto a las instituciones, Arjona ya anunció que mantendría la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Para Alvarado, "su permanencia garantiza continuidad institucional, seguridad jurídica y confianza tanto para las comunidades como para los inversionistas". Pero el verdadero trabajo es mejorar su funcionamiento: fortalecer capacidades técnicas, acelerar respuestas y consolidar evaluaciones científicas rigurosas.

Las consultas previas, esos diálogos que el Estado debe sostener con comunidades antes de aprobar proyectos que las afecten directamente, también están en la mira. Jaramillo propone "destrabarlas", mas no eliminarlas. "Hay que reestructurarlas. Destrabar los grandes proyectos de generación energética, conservando el criterio ambiental pero poniendo un enfoque de un trámite que debe terminarse. Son trámites eternos que rompen el modelo financiero de cualquier proyecto", señaló. Y agregó que "no se eliminen las consultas. Si los proyectos ayudan a diversificar las fuentes de energía del país, que eso tenga un enfoque de hacer a la comunidad socia del proyecto; es decir, que se beneficien en términos de infraestructura, salud y servicios públicos".

Castillo, sin embargo, ve incertidumbre en cómo avanzará esto. "No es muy claro cómo va a ser lo de las consultas previas, pero como lo ha planteado el ministro entrante creo que irá hacia una visión más práctica, que no sé qué tanto pueda beneficiar a las empresas privadas más que a las comunidades locales. Hoy, esto está muy centrado en ellas". El nuevo ministro tendrá que navegar con cuidado entre estos intereses encontrados.