La segunda vuelta presidencial no solo dejó un resultado cerrado. También dejó cicatrices en el ambiente político del país que todavía se sienten. La Misión de Observación Electoral acaba de publicar un informe que documenta lo que muchos vivieron en directo: una campaña atravesada por la polarización, un lenguaje cada vez más áspero y, en varios momentos, francamente violento en las palabras.

Lo que llama más la atención es que la contienda estuvo marcada por decenas de investigaciones disciplinarias contra funcionarios públicos acusados de intervenir de manera indebida en la competencia electoral. Al menos 196 servidores públicos ya están siendo investigados por la Procuraduría por estas conductas. De ese grupo, 13 fueron suspendidos de sus cargos. En la lista aparecen miembros del gabinete ministerial, embajadores, gobernadores, alcaldes y directivos de entidades públicas.

Uno de los casos que más resuena es el del superintendente de Salud, Daniel Quintero. El mismo día de las elecciones, el exalcalde de Medellín declaró: "Tengo la certeza de que los votos están en las urnas y hay que ir a buscarlos. (...) Tenemos que ir a luchar por ellos, encontrarlos y elegir a Iván Cepeda presidente". Vale recordar que Quintero ya había sido suspendido hace cuatro años por meterse en política. En el listado de investigados también están el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, y el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, además de siete embajadores. Entre los suspendidos figuran nombres como Carlos Carrillo, exdirector de la Ungrd, y Alfredo Saade, embajador de Colombia en Brasil.

La Misión de Observación Electoral adviritó que esto pone en riesgo la igualdad de condiciones en la competencia electoral. Cuando funcionarios usan su cargo, recursos públicos o canales institucionales para favorecer o atacar una candidatura, la cancha no está pareja. El informe recordó que "el presidente de la República mantuvo un papel de centralidad (...). Esto llevó incluso a que un juez de la República le ordenara abstenerse de utilizar su investidura para participar en política". Por eso la organización le pidió al Congreso que reglamente de forma clara cuáles son los límites para que los funcionarios públicos participen en política, evitando que todo quede al arbitrio de interpretaciones personales.

El análisis de las redes sociales pintó un cuadro aún más preocupante. Entre el 11 y el 16 de junio, la MOE analizó más de 27 mil publicaciones en las plataformas digitales. De las 653 que fueron revisadas a detalle, el 95,3 por ciento correspondía a comunicación tóxica. Los insultos directos alcanzaron casi la mitad de los casos, seguidos por mensajes polarizantes y expresiones degradantes. El debate, que debería haber girado alrededor de propuestas y proyectos, se convirtió en un ring de ataques personales y acusaciones sin prueba.

Las instituciones electorales fueron blanco preferido de los ataques en línea. Cuatro de cada cinco críticas dirigidas contra los organismos electorales apuntaron contra la Registraduría, con acusaciones de fraude sin ninguna evidencia y agresiones contra el registrador, Hernán Penagos. Aunque el 21 de junio, día de la votación, transcurrió sin mayores disturbios en la calle, el ambiente en redes sociales fue completamente distinto. La MOE recopiló más de 20 mil publicaciones de ese día y concluyó que la conversación escaló rápidamente hacia los insultos. El informe también alertó sobre noticias falsas y ataques contra medios de comunicación. Lo cierto es que la confrontación que comenzó en las campañas terminó siendo asunto de la gente común, en las redes, en las mesas de café, en las conversaciones familiares.