El equipo del presidente electo volvió a encender la polémica al insistir en la posibilidad de extraditar a Gustavo Petro. En una entrevista con el medio Cambio, el exsenador Carlos Alonso Lucio, cercano a Abelardo de la Espriella, sostuvo que el futuro mandatario sí firmaría una eventual extradición y que existen denuncias suficientes para que Petro responda ante la justicia. "El presidente lo ha dicho con claridad, y la respuesta es que él sí extraditaría a Gustavo Petro", afirmó Lucio, aunque sin presentar pruebas de los delitos que señala.

Sin embargo, la promesa política choca de frente con la realidad jurídica. Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, fue claro en entrevista con EL COLOMBIANO: un presidente no puede decidir por iniciativa propia extraditar a nadie. "La extradición no es de aquí para allá. La tiene que pedir un tribunal o una corte extranjera que requiera a la persona por una investigación criminal", explicó el jurista.

Lo que Lucio aparentemente desconoce es que existe un proceso muy específico y reglado. Primero, debe haber una investigación penal avanzada en un país extranjero. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, debe existir una acusación formal emitida por un gran jurado o una corte federal. Solo entonces comienza el trámite diplomático, donde la solicitud viaja a través del Departamento de Estado estadounidense y la Cancillería colombiana.

Una vez llega a Colombia, el expediente pasa a la Corte Suprema de Justicia, que verifica si cumple con los requisitos legales: que haya acusación formal, que el delito sea punible en Colombia, que se respeten garantías fundamentales y que las penas no sean prohibidas en el ordenamiento colombiano. "El concepto negativo obliga al Gobierno; simplemente no se puede extraditar a la persona", explicó Arrubla. Si la Corte da visto bueno, ahí aparece el presidente, quien sí tiene discrecionalidad para conceder o negar la extradición. Pero ese poder está al final del camino, no al principio.

En la realidad actual, no existe solicitud de extradición alguna contra Petro por parte de ninguna corte extranjera. Las denuncias que menciona Lucio, incluida una que él mismo presentó ante la Comisión de Acusaciones, son trámites internos colombianos completamente distintos. Son dos procesos separados que no tienen relación entre sí.

Arrubla recordó un precedente histórico similar. Cuando Andrés Pastrana estaba en campaña presidencial, le preguntaron si extraditaría al entonces presidente Ernesto Samper si Estados Unidos lo solicitaba por el proceso 8.000. Su respuesta fue que no. Las declaraciones de Lucio generaron una reacción inmediata: el gobierno actual anunció una demanda ante el Consejo de Estado pidiendo la suspensión de la posesión de De la Espriella. Para el exmagistrado, ese escenario tiene las mismas probabilidades de prosperar que la supuesta extradición de Petro: jurídicamente posibles, pero altamente improbables.