Lo que comenzó como un gesto de ayuda inmediata del nuevo superintendente de Salud, Daniel Quintero, hacia una niña que necesitaba medicamentos urgentes, ha generado una propuesta que desata críticas fuertes entre expertos. Quintero contó en redes sociales que Ofimédicas se negó a entregar el medicamento a Sara, por lo que decidió intervenir personalmente. "Hablé con su madre y, en medio de su dolor (...) le transferí los recursos a su Nequi (900 mil pesos)", narró el exalcalde de Medellín. Con esos recursos, la madre consiguió el medicamento en una farmacia sin depender de trámites en la EPS.

Basándose en esa experiencia, Quintero planteó convertir esto en política: "Esta puede ser la solución para las EPS que no entreguen la medicina: giros directos a las familias como mecanismo de emergencia". La idea suena simple, pero los conocedores del sistema de salud colombiano ven un problema de fondo que hace inviable esta alternativa.

Gustavo Campillo, vocero de Pacientes Colombia y presidente de la Fundación RASA, fue claro al cuestionar la viabilidad del plan. Explicó que la Superintendencia no tiene competencias legales para hacer esto y que ya existen mecanismos en la ley para estos casos. Cuando un paciente gasta dinero de su bolsillo por falla de la EPS, puede solicitar reembolso en los primeros 14 días. El problema es que nunca recupera el dinero completo. "La EPS (...) no puede pagar el medicamento sino conforme a sus tarifas de negociación", señaló Campillo, lo que significa que los medicamentos comprados en farmacias comerciales cuestan más de lo que la EPS estaría dispuesta a devolver. Además, implementar reembolsos generalizados "desborda toda capacidad técnica" del sistema.

Para Campillo, esta es "una medida absolutamente desconocedora del marco normativo, desconocedora de los procedimientos internos en el aseguramiento y absolutamente populista, imposible de llevar a cabo". El consultor Ramón Abel Castaño coincidió en que "Es un acto más de su populismo sin límites. Esa medida no es sostenible, es ilegal y responsabiliza a la Superintendencia por el uso indebido del dinero en efectivo que hagan los particulares".

El médico Andrés Vecino, profesor de la Universidad Johns Hopkins, añadió otro aspecto crucial: el costo. "El costo de los medicamentos a través del canal comercial es mayor que el del canal institucional (...) Esto solo favorece a las farmacias", afirmó. Esta medida significaría, en la práctica, una "real privatización de la salud", pues pondría a los pacientes a buscar medicinas por su cuenta y eliminaría la responsabilidad de las EPS. Además, sin un seguimiento real de los recursos, se perderían datos financieros clave que afectan los cálculos del sistema sanitario en años posteriores.

La propuesta de Quintero, pensada como solución rápida a la crisis de medicamentos, terminaría generando un problema aún mayor: encarecimiento de tratamientos, pérdida de control sobre recursos públicos y una carga total en los hombros de pacientes que ya están en crisis.