En el programa Aquí y ahora de La FM se discutieron a fondo las implicaciones de la propuesta presidencial de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Los invitados al análisis fueron claros: cuestionan tanto la necesidad del proceso como sus verdaderas intenciones políticas.

Óscar Ortiz explicó que la Constitución vigente ya contempla varios caminos para introducir cambios: actos legislativos, referendos y justamente la posibilidad de una constituyente. En ese sentido, aclaró que "la Constitución es generosa en mecanismos de reforma" y que el argumento que maneja el Gobierno sobre un presunto "bloqueo institucional" sencillamente "no es lo que ha pasado". Para avanzar en una constituyente, advirtió, se necesitaría una ley aprobada en el Congreso, revisión de la Corte Constitucional y que los ciudadanos respalden la iniciativa con un umbral cercano a 14 millones de votos.

El exprocurador Alfonso Gómez Méndez fue más directo al cuestionar si de verdad se necesita una nueva Constitución. Habló de un "fetichismo constitucional", es decir, la creencia de que cambiar la Carta Política resuelve los problemas del país. Para él, "la Constitución actual permite gobernar perfectamente al país" y lo que falta es que se explique claramente "para qué quieren cambiar la Constitución". También insistió en que ese bloqueo institucional que menciona el Gobierno simplemente no existe, y que las decisiones del Congreso y las cortes son parte normal del sistema de frenos y contrapesos.

El análisis tomó un giro más inquietante cuando Carlos Augusto Chacón advirtió sobre los alcances reales de la propuesta. Explicó que en los documentos del Gobierno se plantea una "reconfiguración institucional" que modificaría cómo funcionan los poderes públicos y permitiría un "gobierno unido", donde una misma mayoría controle tanto el Ejecutivo como el Congreso. Chacón también señaló que el proyecto contempla cambios en el modelo económico con mayor intervención estatal, y que el Gobierno propone que "el Estado debe conservar el control de los sectores estratégicos", lo que incluye cuestionamientos sobre la independencia del Banco de la República.

Gómez Méndez concordó en los riesgos institucionales al plantear que "lo que quieren es tomarse el poder judicial, tomarse los medios, tomarse todo". Aunque aclaró su confianza al afirmar que "los colombianos no van a permitir esta arbitrariedad", sus palabras dejan clara la similitud que ve con procesos constituyentes en otros países.

Ortiz finalmente marcó diferencias importantes con el proceso de 1991. Recordó que aquella constituyente tuvo origen en una iniciativa ciudadana con la famosa séptima papeleta y contó con un consenso amplio en el país. La propuesta actual, en cambio, surge desde el poder establecido. Para él, una constituyente genuina requiere "un inmenso consenso ciudadano, social, político e institucional", algo que, según los expertos, no está presente en esta ocasión.