El sistema de salud colombiano enfrenta una situación frágil que se agravó con dos decisiones del gobierno de Gustavo Petro que han encendido alarmas en todo el sector. A mediados de abril, se anunció el nombramiento de Jorge Iván Ospina, exalcalde de Cali, como nuevo interventor de Nueva EPS, la entidad más grande del país con más de 11,7 millones de afiliados. Apenas cinco días después, Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, fue anunciado como aspirante a dirigir la Superintendencia Nacional de Salud.

El contexto de estas decisiones es preocupante. De las 28 EPS que operan en Colombia, siete están bajo medida de intervención y concentran a más de 23 millones de afiliados. Nueva EPS en particular acumula una deuda superior a 26 billones de pesos y facturas represadas por más de 14,9 billones. Millones de colombianos enfrentan a diario demoras en citas con especialistas, barreras para acceder a medicamentos y una incertidumbre creciente sobre si tendrán acceso a la salud mañana.

Ambos designados enfrentan cuestionamientos significativos. La Superintendencia Nacional de Salud señaló en un documento oficial que Ospina no cumpliría con los requisitos mínimos de experiencia para el cargo, registrando ausencia de tres años en cargos directivos en el sector salud. En el plano judicial, Ospina enfrenta dos investigaciones por presuntas irregularidades: una relacionada con un contrato de alumbrado navideño en Cali por más de 10.000 millones de pesos, y otra por un contrato de publicidad suscritos con una empresa creada apenas dos días antes de la firma. La Fiscalía además adelanta otras indagaciones preliminares por presuntos hechos de corrupción.

Quintero enfrenta un panorama aún más complejo. La Fiscalía lo tiene en etapa de juicio por peculado por apropiación, prevaricato e interés indebido en la celebración de contratos, en el marco del caso del lote Aguas Vivas en Medellín. Su administración acumula más de 650 hallazgos de presunta corrupción con 55 exfuncionarios y excontratistas ya imputados. Incluso desde el interior del gobierno llegaron críticas. Carlos Carrillo, director de la UNGRD, fue contundente al señalar que el papel otorgado a Quintero "nos hace retroceder como proyecto político, le hace daño al Gobierno y le da gasolina a la oposición".

La falta de coordinación es evidente. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, descalificó públicamente a Ospina desde sus primeras apariciones, diciendo que "no sabe cómo se elabora la UPC" (Unidad de Pago por Capitación, el mecanismo de financiamiento de las EPS). Esta imagen de un ministro desautorizando al funcionario que acababa de nombrar el presidente resumió para muchos el nivel de desorganización con el que se están tomando decisiones sobre una entidad que atiende a millones de colombianos.

Los expertos advierten consecuencias directas para los pacientes. Ana María Vesga, presidenta de Acemi, señala que "la salud es un escenario al que no deberíamos llevar el debate electoral. Las consecuencias de este tipo de escenarios de conflicto son devastadoras para los pacientes, que son los únicos perdedores en estas situaciones". Los riesgos identificados incluyen interrupción de tratamientos, demoras en diagnósticos y dificultades para acceder a medicamentos esenciales. Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, describe Nueva EPS como "inviable administrativa y financieramente", acumulando una deuda superior a 26 billones de pesos sin que se haya abonado nada a la deuda previa a la intervención.

Lo que prevalece hoy en el sector es la incertidumbre total. Álvaro Molina, vocero de las Asociaciones de Usuarios, resume la preocupación que aterroriza a pacientes, trabajadores de la salud y prestadores: "¿Qué va a pasar con los usuarios? ¿Qué va a pasar con los pacientes? ¿Qué va a pasar con el talento humano en salud?". Sin respuestas claras sobre la hoja de ruta de los nuevos funcionarios, ese temor, concluye, "lo único que hace es agudizar más la crisis del sistema".