Francesca Albanese, relatora especial de Naciones Unidas sobre derechos humanos en territorios palestinos ocupados, presentó esta semana ante el Consejo de Derechos Humanos un informe que acusa a Israel de haber institucionalizado la tortura como componente fundamental de lo que ella define como genocidio y apartheid colonial. El documento, titulado "Tortura y genocidio", detalla un régimen sistemático de violencia contra los palestinos que se extiende desde octubre de 2023.

Según el informe, las prácticas van mucho más allá de actos aislados. Israel ha sometido a más de 18.500 palestinos a arrestos durante este período, incluyendo a más de 1.500 menores de edad. De estos, al menos 9.245 permanecen en centros de detención donde se documentan palizas, violaciones, privación de alimentos, desnudez forzada, negación de atención médica, ataques con perros y descargas eléctricas. Otros 4.000 palestinos están desaparecidos. El informe sostiene que estos abusos cuentan con coordinación de altos funcionarios israelíes, incluido el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir.

Durante la presentación en Ginebra, Albanese compartió testimonios desgarradores de detenidos. Citó el relato de un prisionero que presenció cómo un perro atacó a un compañero en los genitales hasta que se desangró, mientras un médico observaba desde lejos sin intervenir. Estos detalles ilustran, según el informe, una estrategia deliberada de degradación humana.

Pero Albanese va más allá de las torturas dentro de cárceles. Su análisis abarca lo que ella llama tortura colectiva: la destrucción masiva de viviendas, el bloqueo de asistencia humanitaria, los asesinatos de personal médico y los desplazamientos forzados en Gaza y Cisjordania. En sus palabras, "cuando la tortura se utiliza sistemáticamente contra una población 'como tal', es tanto un medio de dominación como una prueba de la intención genocida".

La experta fue contundente en su conclusión: "El genocidio se ha convertido en la forma definitiva de tortura, colectiva y generacional". Subrayó que los testimonios que está recopilando no son solo historias de sufrimiento, sino pruebas de crímenes atroces dirigidos contra la totalidad del pueblo palestino en el territorio ocupado.

El informe exige que Israel cese inmediatamente todas las formas de tortura y permita inspecciones internacionales en centros de detención. Además, Albanese insta a la comunidad internacional a activar mecanismos de jurisdicción universal y a la Corte Penal Internacional a investigar y emitir órdenes de arresto contra funcionarios israelíes como Ben-Gvir, Bezalel Smotrich e Israel Katz. Su mensaje final fue directo: "La forma en que ustedes respondan a esta abominación pondrá a prueba nuestra responsabilidad jurídica y moral colectiva. El derecho internacional es inequívoco. La tortura está absolutamente prohibida en todas las circunstancias, al igual que el genocidio".