Un colectivo de exfuncionarios del sector salud salió al paso de las críticas del Ministerio de Salud y Protección Social, que días atrás había tachado de desinformación las advertencias que diversos actores han hecho sobre el deterioro del sistema de salud en Colombia. Los exministros y exviceministros reafirmaron que sus preocupaciones responden a datos concretos y constituyen un ejercicio legítimo de responsabilidad pública.

Los exfuncionarios destacaron que los números hablan solos. El aumento en las quejas de usuarios, el crecimiento de acciones de tutela (demandas para proteger derechos fundamentales), las dificultades para acceder a medicamentos y los obstáculos para llegar a servicios especializados son señales claras de que algo no funciona en la atención. Cuando la liquidez del sistema se deteriora y crece la incertidumbre financiera, explicaron, eso inevitablemente repercute en la calidad de la atención que reciben los pacientes colombianos.

Sobre la salud financiera del sector, los exministros advirtieron sobre señales preocupantes: pérdida de liquidez, aumento de deudas acumuladas y dificultades crecientes en hospitales, clínicas y proveedores de servicios. En ese contexto, cuestionaron que el Gobierno presente el mecanismo de giro directo como solución estructural. Aunque reconocieron que puede facilitar el movimiento de recursos, aclararon que no sustituye una financiación adecuada ni soluciona los desequilibrios que se han acumulado durante años.

También se refirieron a las intervenciones administrativas que se han hecho a algunas Entidades Promotoras de Salud (EPS, las aseguradoras de salud en Colombia). Los exfuncionarios señalaron que estas medidas deben ser excepcionales, basarse en criterios técnicos y respetar el debido proceso. Intervenir entidades, dijeron, no es por sí mismo una política pública de salud.

Reconocieron que los problemas estructurales no comenzaron con la actual administración, pero sostuvieron que la crisis actual fue anunciada y profundizada deliberadamente. Recordaron una sentencia de la Corte Constitucional del 2008 que ya advertía sobre barreras de acceso y desafíos de sostenibilidad. Sin embargo, afirmaron que esos antecedentes históricos no justifican el empeoramiento actual. La responsabilidad de cualquier gobierno, dijeron, es corregir los problemas heredados, no profundizarlos.

Los exministros hicieron un llamado a que los cambios en salud se construyan sobre diálogo, evidencia científica, responsabilidad fiscal y respeto por las decisiones judiciales. Concluyeron con una reflexión que resume su posición: "La salud requiere menos propaganda y más evidencia. Menos confrontación y más soluciones. Menos relatos y más resultados". Insistieron en que advertir sobre riesgos en el sistema es un deber público, no un acto de desinformación.