Desde el inicio de su mandato, el presidente Gustavo Petro confió en varios de sus antiguos compañeros de armas del M-19, la extinta guerrilla urbana, para ocupar posiciones clave en su Gobierno. Les asignó roles principalmente en entidades de inteligencia y seguridad como la Dirección Nacional de Inteligencia, el Departamento Administrativo de la Presidencia y la Unidad Nacional de Protección. Pero el tiempo ha mostrado un panorama desfavorable: dos fueron apartados de sus cargos, uno se encuentra fugitivo y los demás permanecen en el Estado mientras soportan investigaciones y críticas sustanciales.

Manuel Alberto Casanova fue el primer golpe. Petro lo designó director de la DNI en 2022, pero fue destituido tras ser señalado de presuntamente extorsionar al entonces canciller Álvaro Leyva con treinta millones de pesos. Según Leyva, le ofrecieron información delicada sobre Thomas Greg and Sons, la empresa envuelta en la polémica de fabricación de pasaportes colombianos, justo cuando ese escándalo estaba en su punto más crítico.

Otty Patiño lidera la estrategia de paz total del Gobierno, pero el resultado ha sido cuestionable. Para noviembre de 2025, apenas tres mesas de negociación se mantenían en pie. Las disidencias de alias Calarcá, que aún participan en los diálogos, han protagonizado escándalos de reclutamiento forzado, infiltración en agencias de inteligencia y transporte de armas en vehículos del Estado. Mientras tanto, el Clan del Golfo creció un 140 por ciento durante el proceso de paz, según un informe de la Fundación Ideas para la Paz que documentó un aumento de casi cinco mil miembros.

Vera Grabe fue designada para negociar con el ELN, pero ese frente también colapsó. En septiembre de 2025, la mesa quedó congelada. Cuando se reactivó, ella respondió que "no es suficiente decir que quiere dialogar y volver sobre los acuerdos firmados en el 2023", afirmó en entrevista con La W. El ELN, por su parte, rechazó las negociaciones con un comunicado que denunciaba lo que llamaban un plan contrainsurgente. Además, en marzo de 2026 trascendió que el ELN habría negociado armas con el régimen sirio mientras estaba en la mesa de diálogos.

Jorge Lemus fue otro que tuvo que irse. El uno de abril, Petro le pidió su renuncia como director de la Unidad de Información y Análisis Financiero en medio de revelaciones sobre infiltración de disidencias en agencias de inteligencia. Su nombre saltó a la luz pública cuando se divulgaron contenidos de dispositivos incautados a un líder de disidencias de las Farc. En esos archivos aparecían referencias a Wilmar Mejía, subordinado de Lemus, bajo sospecha de filtrar información reservada a la organización Calarcá. Mejía rechazó las acusaciones y denunció un montaje, pero finalmente también renunció.

Augusto Rodríguez sigue en el Gobierno, pero no ha escapado a la polémica. La Fiscalía pidió retirar la imputación por presunto prevaricato en la investigación del asesinato del senador Miguel Uribe, quien había pedido repetidamente refuerzos de seguridad que nunca llegaron. Después del atentado, Rodríguez reconoció que "ese número de personas de protección no es suficiente para la protección de una persona que es precandidata presidencial", pero ahora niega responsabilidad directa y acusa al ministro de Justicia, Andrés Idárraga, de persecución política.

Carlos Ramón González representa quizás el caso más grave. El exdirector del Dapre está prófugo, con orden de captura internacional y circular roja de Interpol. La Fiscalía lo acusa de cohecho, peculado y lavado de activos en el escándalo de corrupción de la UNGRD. Según la investigación, habría ordenado entregar setenta mil millones de pesos en contratos a figuras políticas como compensación por apoyo legislativo al Gobierno. Por ahora, comparece virtualmente desde Nicaragua, donde tiene asilo político.