El escándalo de corrupción más grave del actual Gobierno acaba de tomar un giro que nadie esperaba. Sneyder Pinilla, quien fue subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) y es ahora testigo clave en este entramado, decidió cruzar fronteras porque, según considera, las autoridades locales no avanzan como debería. Le escribió una carta formal a personajes políticos de peso en Washington con una propuesta clara: contar todo lo que sabe sobre lo que pasó en la UNGRD.

La jugada tiene en vilo a exministros, congresistas y grandes contratistas. Si Pinilla habla en Estados Unidos con pruebas en mano, los riesgos de extraditiones por lavado de activos se disparan para todos los involucrados. En su carta, dirigida a la congresista María Elvira Salazar, al senador Bernardo (Bernie) Moreno y al secretario del Departamento de Estado Marco Rubio, Pinilla escribió de manera directa: "Solicitud de reunión y disposición para aportar información de interés para el Gobierno de los Estados Unidos relacionada con presuntos hechos de corrupción en Colombia".

Lo que hace relevante el testimonio de Pinilla para Washington es que promete revelar delitos que cruzan las fronteras colombianas. Específicamente, habla de lavado de activos y movimientos internacionales de dinero conseguido ilegalmente que pasaron por el sistema financiero estadounidense. En la carta explica: "Pongo a disposición información, documentos, testimonios y elementos de prueba que considero de alto interés (…) pueden contribuir al esclarecimiento de hechos que trascienden las fronteras de Colombia y afectan la confianza ciudadana".

Ante la justicia colombiana, Pinilla ya ha hecho confesiones demoledoras. Admitió haber entregado directamente 4.000 millones de pesos en sobornos a los entonces presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle. También reconoció que gestionó contratos amañados dentro de la UNGRD para pagarles a congresistas de la Comisión de Crédito Público a cambio de que votaran a favor de los intereses del Gobierno.

El panorama actual del caso UNGRD muestra un desastre judicial y político. El exministro del Interior Luis Fernando Velasco está en prisión, al igual que los congresistas Wadith Manzur, Karen Manrique y, temporalmente, Marthe Peralta. Carlos Ramón González, otro implicado, se encuentra prófugo en Nicaragua. El exministro de Hacienda Ricardo Bonilla estuvo detenido pero recuperó su libertad tras un polémico error procedimental de la Fiscalía. Mientras tanto, más de 20 congresistas están bajo investigación formal de la Corte Suprema, incluidos Martha Peralta, Julián Peinado y Carlos Andrés Trujillo, este último señalado por Pinilla como "un padrino político clave dentro de la red de corrupción que operó en la entidad".

Si Pinilla logra su reunión con agencias estadounidenses y entrega los soportes financieros que promete, Colombia podría enfrentar el terremoto político y judicial más grande de esta década. Los escenarios de extradición y nuevos señalamientos internacionales estarían sobre la mesa.