Marco Antonio Velilla Moreno, quien fue consejero presidencial y magistrado del Consejo de Estado, encendió las alarmas sobre un problema que afecta directamente cómo se gobierna en Colombia. A través de una carta enviada el 17 de febrero, denunció que "nuestra democracia está en riesgo" por la forma en que el Ejecutivo está usando los decretos de emergencia.

Los decretos de emergencia existen para situaciones urgentes donde el Congreso no puede actuar a tiempo. El problema, según Velilla, es que se han convertido en la herramienta habitual para gobernar. "El Gobierno abusa de los decretos de emergencia para gobernar sin el Congreso", aseguró el exmagistrado, quien advierte que "la excepción se convierta en la regla". Cuando esto sucede, explica, se daña la separación de poderes y el Estado de derecho, los cimientos de cualquier democracia.

Para Velilla, el asunto es claro: "cuando un Gobierno prefiere el atajo del decreto a la deliberación del Congreso, la democracia se enferma". Utilizar problemas serios del país como justificación para medidas excepcionales convierte la Constitución en papel mojado. Esto no es un tema de partidos políticos, enfatiza, sino de garantizar la libertad de todos los colombianos a través de instituciones fuertes.

El exconsejero presidencial centró sus críticas en el Decreto 1469 de 2025, relacionado con el concepto de salario mínimo vital. Aquí es donde las cosas se ponen técnicas pero importantes: la ley establece criterios específicos y obligatorios para fijar el salario mínimo, pero el decreto intentaría saltarse esos criterios usando un concepto que, en opinión de Velilla, no tiene base legal clara. Esto lo considera una "falsa motivación", un vicio que no solo invalida el decreto sino que mina la confianza en que el Gobierno respete la ley.

Lo que más perplejidad causó a Velilla fue la decisión del Consejo de Estado, el máximo tribunal contencioso administrativo del país. El tribunal suspendió provisionalmente el decreto, lo que suena bien, pero permitió que continuara produciendo efectos mientras se definía su futuro. Para el exmagistrado, esto es una paradoja judicial: el decreto se suspendió pero siguió funcionando, consolidando los cambios que pretendía frenar.

Velilla terminó su análisis con un llamado que trasciende las tecnicidades: exigir que se gobierne "con la ley y no a pesar de ella" no es un capricho de juristas, es el deber fundamental de cualquier ciudadano que quiera preservar la institucionalidad. Invitó a gremios, políticos y sociedad en general a defender la Constitución como brújula de cómo funciona el país, porque la separación de poderes no es un juego entre políticos sino la garantía de nuestra libertad.