La salud dejó de ser un problema más para convertirse en la principal preocupación de los colombianos, superando incluso a la corrupción. Así lo revela una investigación independiente realizada por el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes y la firma Eureka Group, presentada en primicia a El Tiempo. El estudio, realizado entre mayo de 2026 y que consultó a 1.560 ciudadanos mayores de edad en 47 municipios del país, ofrece una radiografía clara de cómo están viviendo los usuarios la crisis actual del sistema de salud colombiano.

Los números son contundentes: el 26,1 por ciento de los encuestados considera que la salud es hoy el problema más grave del país, superando significativamente la corrupción que obtuvo el 19,8 por ciento. Este dato marca un punto de inflexión en la discusión pública sobre el sector, pues durante los últimos cuatro años, aunque la salud ha sido un escenario de confrontación política, pocas veces se había medido directamente cómo estaban viviendo los ciudadanos los cambios y dificultades que enfrenta el sistema.

Las diferencias más preocupantes aparecen cuando se compara la experiencia de quienes están afiliados a EPS intervenidas por el Gobierno con los que permanecen en EPS no intervenidas. Solo el 33 por ciento de los usuarios de EPS intervenidas reportó haber recibido sin dificultades el servicio médico que necesitaba, frente al 49,5 por ciento en las EPS no intervenidas. En cuanto al acceso a medicamentos, la brecha es aún más dramática: el 25,3 por ciento de afiliados a EPS intervenidas recibió la totalidad de medicamentos formulados, comparado con el 43,5 por ciento en las no intervenidas. Peor aún, el 17,1 por ciento de usuarios en EPS intervenidas afirmó no haber recibido ninguno de sus medicamentos prescritos y tuvo que comprarlos con dinero de su bolsillo.

Los problemas se extienden a otros aspectos críticos de la atención. El 20,6 por ciento de los afiliados a EPS intervenidas reportó haber sufrido alguna negación de atención, casi el doble que en las EPS no intervenidas (10,5 por ciento). En materia de citas médicas, el 46,9 por ciento de usuarios en EPS no intervenidas considera que las consiguen siempre o casi siempre cuando las necesitan, mientras que en las intervenidas esa cifra cae a 39,5 por ciento. La confianza en sus instituciones también es menor: el 30 por ciento de afiliados a EPS intervenidas dice no confiar en su entidad, frente al 12,8 por ciento en las no intervenidas.

El estudio también reveló que el 30,5 por ciento de los colombianos ha tenido que pagar dinero de su bolsillo para acceder a servicios de salud. Sin embargo, entre los usuarios de EPS intervenidas esa proporción sube al 38,5 por ciento, casi el doble que en las no intervenidas (22,2 por ciento). Cerca del 22 por ciento de los encuestados reportó gastos superiores a 500.000 pesos mensuales para financiar atenciones relacionadas con su salud.

A pesar de la evidente crisis, los colombianos no necesariamente piden la desaparición de las EPS. El 43,6 por ciento respalda una reforma al sistema, pero cuando se pregunta específicamente por eliminar las EPS, el apoyo cae al 30,4 por ciento. Más aún, el 57,6 por ciento de los ciudadanos considera que la responsabilidad de garantizar la atención en salud debe ser compartida entre el Estado y el sector privado. Esto sugiere que los ciudadanos prefieren corregir las fallas actuales antes que transformar estructuralmente el modelo. El estudio concluye que existe "un sistema deteriorado y un paciente que pide mejoras, no demolición", evidencia que será fundamental para las decisiones que tome la próxima administración en materia de salud.