La vieja herida entre Estados Unidos y Cuba volvió a abrirse cuando un tribunal estadounidense imputó a Raúl Castro, excomandante de las Fuerzas Armadas cubanas, por su presunta participación en el derribo de dos avionetas civiles ocurrido el 24 de febrero de 1996. Ese incidente provocó la muerte de cuatro personas y marcó una de las peores crisis diplomáticas entre ambas naciones.

Según la acusación, Castro tenía responsabilidad en la operación militar que destruyó las aeronaves del grupo opositor Hermanos al Rescate, que despegaban desde Florida y sobrevolaban el estrecho de la Florida. El gobierno cubano siempre argumentó que los vuelos violaban su espacio aéreo y constituían una amenaza para la seguridad nacional. Sin embargo, organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos y la Organización de Aviación Civil Internacional concluyeron que las aeronaves fueron derribadas en aguas internacionales.

La imputación fue presentada en Miami, centro histórico del exilio cubano, coincidiendo con la conmemoración del aniversario de la República de Cuba en 1902. El caso llega en medio de un giro más duro en la política estadounidense hacia la isla, impulsado nuevamente por el presidente Donald Trump, quien ha incrementado sanciones económicas y restricciones.

Washington intensificó su discurso luego de la captura de Nicolás Maduro en enero, lo que llevó a algunos a especular sobre presiones similares contra Cuba. Pero analistas advierten sobre diferencias clave: Maduro era presidente en ejercicio cuando fue capturado, mientras que Raúl Castro se retiró oficialmente del poder desde 2018 y actualmente tiene 94 años.

La defensa internacional de Cuba no tardó en llegar. China criticó a Washington por "amenazar con el uso de la fuerza" y reiteró su apoyo a la soberanía cubana. Rusia fue más contundente: el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, calificó como "inaceptable" la presión contra un exjefe de Estado, aseverando que "no pueden tolerarse métodos que rozan la violencia contra mandatarios actuales o retirados".

Desde La Habana, el presidente Miguel Díaz-Canel rechazó las acusaciones calificándolas como una acción política "sin fundamento jurídico". El caso nuevamente coloca sobre la mesa las tensiones que marcan la relación entre ambos países, en un momento donde Cuba enfrenta una severa crisis económica, energética y social agravada por las sanciones internacionales y la reducción del apoyo que recibía desde Venezuela.