La justicia en La Guajira abrió formalmente un proceso contra cuatro personas vinculadas a la Dian por presunta corrupción. Tres funcionarios activos y una mujer ya pensionada fueron capturados tras investigaciones que apuntan a irregularidades administrativas ocurridas en Riohacha durante 2021 y 2022. Las autoridades judiciales legalizaron las detenciones y los investigados permanecen privados de la libertad mientras avanza el proceso.

El fiscal especializado de Bogotá, Juan David Huepes, presentó la acusación durante una audiencia virtual ante la jueza quinta penal de Riohacha con funciones de control de garantías, Viviana Zafra. A los capturados les fueron imputados delitos como concierto para delinquir, cohecho propio y prevaricato por acción. Los nombres de Carlos Andrés Pérez, Jorge Ariza, Ladys Benítez y Erwin Escudero figuran en la investigación, aunque sus defensores cuestionan algunos de los cargos y la conexión entre los investigados.

La denuncia que encendió las alarmas proviene de la IPS Medicar, ubicada en el barrio Ranchería de Riohacha. De acuerdo con lo reportado públicamente por Noticias Uno en enero de 2025, funcionarios de la Dian habrían solicitado dinero a cambio de modificar datos en el sistema y reducir multas por inconsistencias tributarias. En el caso específico de la clínica, una funcionaria visitó las instalaciones para revisar registros contables y posteriormente la institución recibió notificaciones por irregularidades en facturas que sus representantes aseguraban no les correspondían.

El panorama se complicó cuando Medicar recibió una sanción inicial de aproximadamente 560 millones de pesos. Según el relato conocido, la multa fue reducida a 386 millones, pero solo después de presiones para aceptar un arreglo irregular. La IPS decidió no pagar lo que consideraba una coima, decisión que resultó en el embargo de una cuenta bancaria. Posteriormente, la sanción fue levantada, aunque para entonces el daño ya estaba hecho.

Las investigaciones sugieren que lo ocurrido en Medicar no fue un caso aislado. Las autoridades indagan sobre presuntas exigencias económicas a otros ciudadanos y empresas de La Guajira que enfrentaban problemas tributarios, particularmente relacionados con el IVA. La acusación plantea que algunos servidores públicos ofrecían disminuir multas a cambio de pagos bajo la mesa.

La defensa de los implicados presentó argumentos durante la audiencia judicial. La abogada Mauren Puente Vidal señaló que en el caso de Erwin Escudero no habría una conexión directa comprobada con los demás investigados, y que existen otros procesos paralelos en otras ciudades. El abogado Iván Fuentes Acosta representó a Carlos Andrés Pérez ante el juzgado.

Mientras la justicia continúa con las investigaciones, los capturados conservan la presunción de inocencia. Las autoridades deberán establecer si efectivamente ocurrieron los cobros ilegales, manipulaciones de sanciones y actuaciones administrativas que se les atribuyen, y qué responsabilidad específica tuvo cada persona en estos hechos. El proceso sigue bajo revisión de los juzgados competentes de Riohacha.