El Estado colombiano alzó la voz de manera unificada contra el secuestro prolongado de cuatro funcionarios que permanecen en poder del Ejército de Liberación Nacional desde hace un año. Dos agentes del CTI adscrito a la Fiscalía y dos policías de la Dirección de Investigación Criminal se encuentran privados de su libertad en Arauca, en condiciones que las autoridades califican como degradantes y violatorias de derechos fundamentales.

Lo que hace más grave la situación es que el ELN ha impuesto lo que denomina "sentencias revolucionarias" contra estos hombres. Franki Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, policías, fueron "condenados" a 60 y 55 meses de cárcel respectivamente. Por su lado, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, funcionarios del CTI de la Fiscalía, recibieron penas de 36 meses. Se trata de procedimientos que carecen de cualquier legitimidad legal.

La defensora del pueblo, Iris Marín, fue la primera en reaccionar públicamente. Rechazó con firmeza lo que llamó un "juicio revolucionario" y dejó claro que ninguna justicia de grupo armado puede justificar la privación de libertad de estos uniformados. Posteriormente, la Fiscalía General y la Corte Suprema de Justicia emitieron un comunicado conjunto en el que reafirmaron que el respeto por la vida, la integridad y la libertad son principios innegociables.

Indepaz, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, fue más allá en su análisis. Según la organización, "Estos hechos constituyen una forma de sometimiento físico y psicológico contra personas retenidas bajo amenaza permanente de daño y fusilamiento, aisladas de sus familias y privadas de las mínimas garantías fundamentales". La institución recordó que el Derecho Internacional Humanitario prohíbe expresamente condenas impuestas sin tribunal legítimamente constituido ni garantías judiciales.

Desde distintos flancos del Estado y la sociedad civil coinciden en que estas prácticas no solo afectan a las víctimas directas y sus familias, sino que erosionan los esfuerzos nacionales por superar la violencia. Las autoridades fueron categóricas: la liberación de estos cuatro funcionarios debe ocurrir sin condiciones, como una prueba genuina de voluntad de paz del grupo armado ilegal.