En algunas ciudades españolas, no recoger las heces del perro dejó de ser solo un asunto de conciencia ciudadana. Ahora es un riesgo de multa sustentado por pruebas de ADN. El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz puso en marcha el sistema ADN Canino-Censo Genético, que obliga a los dueños de perros a registrar muestras biológicas de sus mascotas mediante saliva almacenada en una base de datos municipal. Cuando las autoridades encuentran excrementos abandonados en calles y parques, analizan la muestra y la relacionan con el animal registrado para identificar al propietario responsable e imponer sanciones económicas.

La administración municipal justifica la medida como respuesta a un problema que genera molestias constantes entre los vecinos. El alcalde Alejandro Navarro señaló que "la gran mayoría de los propietarios de mascotas actúan de manera ejemplar, pero una minoría irresponsable perjudica al conjunto de la población". Para incentivizar la participación, las autoridades ofrecen gratuitamente la toma de muestras hasta el 30 de septiembre de 2026 en clínicas veterinarias autorizadas. Después de esa fecha, el procedimiento tendrá un costo de 36,30 euros. Quienes no registren a sus perros enfrentan multas de hasta 750 euros según las disposiciones ambientales del municipio.

La iniciativa de Torrejón de Ardoz no es aislada. Otras ciudades españolas como Alcalá de Henares, Tarragona, Tres Cantos, Manises, Burriana y Haro ya han implementado o anunciado sistemas similares, con multas que oscilan entre 300 y 600 euros. La tendencia también llegó a otros países. En Italia, varios municipios establecieron registros genéticos obligatorios para perros. Israel implementó bases de datos veterinarias en algunas ciudades, mientras que en New Jersey, Estados Unidos, complejos residenciales usan pruebas genéticas con multas que pueden superar los 1.000 dólares.

Más allá del control sobre excrementos, los municipios argumentan que los datos genéticos también podrían servir para localizar animales perdidos y respaldar investigaciones sobre abandono y maltrato animal. Sin embargo, la medida genera opiniones divididas. Mientras algunos ciudadanos consideran que el sistema contribuye a mantener limpias las ciudades, otros cuestionan el costo del registro y expresan preocupaciones sobre el manejo de información genética de los animales.