España obliga el microchip en perros y gatos: así funciona la ley que busca frenar abandonos

España implementa desde hace tiempo una ley que obliga a identificar con microchip a perros, gatos y hurones antes de cualquier adopción o entrega. La medida busca reducir abandonos, facilitar el control sanitario y localizar mascotas perdidas. Sin embargo, cifras muestran que solo el 27,7 por ciento de los perros en centros de acogida tiene microchip, y en gatos la cifra baja al 4,3 por ciento.
En España, la tenencia de mascotas ha crecido notablemente en los últimos años, con perros y gatos ocupando un lugar central en millones de hogares. Ante este aumento, las autoridades han reforzado las regulaciones para proteger a estos animales. Una de las medidas más importantes es la identificación obligatoria mediante microchip, un sistema que genera todavía dudas entre propietarios y personas que desean adoptar.
La Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales establece claramente que ningún perro, gato o hurón puede ser comercializado, donado o entregado en adopción sin estar previamente identificado con microchip. Esto convierte al dispositivo en un requisito obligatorio. Además, la norma prohíbe que un animal cambie de propietario si no está registrado a nombre de quien lo entrega. El objetivo es rastrear a cada mascota y reducir el abandono.
El microchip funciona como una herramienta práctica para identificar rápidamente a los animales y contactar a sus responsables legales, lo que resulta especialmente útil cuando una mascota se pierde. Aunque en España ya hay registrados más de trece millones de animales identificados, los datos revelan un panorama preocupante. Según un informe de la Fundación Affinity junto a la Universidad Autónoma de Barcelona, solo el 27,7 por ciento de los perros que llegan a centros de acogida cuentan con microchip. En el caso de los gatos, la cifra desciende dramáticamente al 4,3 por ciento.
Las adopciones y cesiones gratuitas deben formalizarse mediante un contrato y realizarse únicamente a través de centros públicos o entidades de protección animal registradas. Los animales no pueden tener menos de ocho semanas de vida al momento de la entrega y deben ser entregados identificados, vacunados y, en muchos casos, esterilizados o con compromiso de esterilización.
La ley también incluye otras protecciones. Prohíbe el sacrificio de animales por razones económicas o falta de espacio, permitiéndolo únicamente bajo criterio veterinario cuando hay sufrimiento irreversible. Además, veta mutilaciones con fines estéticos, peleas de animales y mantenerlos atados o solos durante períodos prolongados, especialmente en el caso de los perros. Estas medidas buscan garantizar el bienestar integral de las mascotas en el país.
Fuente original: El Tiempo - Vida