Mientras los países europeos endurecen sus controles fronterizos, España tomó una dirección contraria: puso en marcha desde mediados de abril la regularización de migrantes más ambiciosa de los últimos veinte años, buscando sacar de la clandestinidad a cerca de medio millón de personas. Es un giro que refleja una realidad económica incómoda: el país necesita esa mano de obra para seguir creciendo, incluso cuando la opinión pública se resiste a admitirlo.

Los inmigrantes indocumentados tienen hasta el 30 de junio para solicitar su regularización. El permiso de residencia que obtengan será válido por un año y renovable, siempre que hayan llegado a España antes del 1 de enero de 2026 y no tengan antecedentes penales. Esto representa un cambio drástico: hasta ahora, los migrantes sin documentos debían esperar al menos dos años antes de iniciar cualquier proceso legal. Mientras tanto, sobrevivían en la economía sumergida, trabajando por jornales en efectivo y sin protecciones laborales.

La provincia de Almería ejemplifica esta realidad cruda. En el "mar de plástico", el complejo de invernaderos más grande de Europa, miles de trabajadores migrantes viven en asentamientos precarios sin acceso a agua potable ni electricidad. Cobran por día, sin contrato, expuestos a abusos. El Gobierno estima que esta regularización permitirá incorporar legalmente unos 10.000 trabajadores agrícolas, mejorando sus condiciones de vida. En esta provincia, alrededor del 80 por ciento de la mano de obra agrícola es de origen extranjero.

Sin embargo, la medida divide a la sociedad y a la clase política. Encuestas muestran que seis de cada diez españoles consideran que hay demasiados inmigrantes en el país, un sentimiento que ha potenciado a Vox, la formación de extrema derecha que se consolidó como tercera fuerza política con un programa marcadamente contrario a la inmigración. En el conjunto del país, los trabajadores nacidos fuera de España ya representan el 16 por ciento de la población activa.

Los números económicos cuentan otra historia. Se estima que alrededor de la mitad del crecimiento económico español en los últimos tres años estuvo vinculado a trabajadores extranjeros. En 2025, España registró un crecimiento del 2,8 por ciento, muy por encima de la media de la eurozona (1,4 por ciento) y Francia (0,9 por ciento). Numerosos economistas subrayan este peso en la ecuación del desarrollo.

Este no es el primer intento de España por regularizar migrantes. El precedente más importante ocurrió en 2005, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando cerca de 576.000 inmigrantes obtuvieron autorización para residir y trabajar legalmente. La historia parece repetirse, esta vez con mayor urgencia demográfica y económica.