Después de una espera de casi dos años llena de batallas legales, Noelia Castillo logró que se cumpliera su voluntad. El 26 de marzo de este año, la mujer de 25 años recibió ayuda médica para morir en un hospital de Barcelona, en un procedimiento que estuvo marcado por la resistencia de su padre y un intenso debate público en España sobre el derecho a la eutanasia.

Noelia padecía paraplejia tras sufrir un segundo intento de suicidio en 2022, que la dejó sin movilidad en las piernas. Antes de esto, había enfrentado una enfermedad psiquiátrica desde la adolescencia y una agresión sexual que agravó su situación. En abril de 2024, solicitó la eutanasia ante la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, un órgano conformado por médicos, abogados y expertos en bioética. Los expertos concluyeron que Castillo sufría una condición "irreversible" que le producía "sufrimiento constante" y que conservaba las facultades mentales para tomar su decisión. El procedimiento debía realizarse en agosto de 2024, pero su padre, asesorado por Abogados Cristianos (una organización católica), logró obtener una orden judicial que lo detuvo. El caso entonces ascendió por toda la cadena judicial española: juzgado, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Tribunal Supremo, Constitucional, y finalmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en marzo confirmó el derecho de Noelia a proceder.

Durante esta batalla de 601 días, la joven nunca cambió de postura. En una entrevista transmitida el día antes de su muerte, afirmó que "lo tenía muy claro desde el principio" y cuestionó a su familia: "¿Pero qué pasa con el dolor que he sufrido todos estos años?". Pidió que sus parientes pudieran despedirse pero que nadie estuviera presente en el momento final. La abogada del padre, Polonia Castellanos, insistió hasta el último momento que Noelia padecía un trastorno de la personalidad y usó el caso para cuestionar la ley de eutanasia española, vigente desde 2021.

El caso se convirtió en un punto de quiebre político en España. En el Congreso, los socialistas defendieron el cumplimiento de la voluntad de Noelia como un acto "absolutamente legal", mientras que la izquierda pidió respeto por la complejidad del tema. El Partido Popular expresó tristeza y llamó a "reflexionar por qué la hemos fallado" como sociedad. Vox fue más confrontacional: su diputado Carlos Flores calificó la eutanasia como una "ejecución" y su líder Santiago Abascal acusó que "el Estado le quita a una hija a sus padres", incluso propagando versiones falsas sobre quiénes fueron los agresores de la joven.

Alrededor del caso circularon múltiples desinformaciones. Se afirmó sin fundamento que Noelia "solo estaba deprimida" o que sus agresores fueron extranjeros, algo que ella nunca especificó. Consciente de esta campaña, Castillo celebró en su última entrevista que "por fin lo he conseguido, así que a ver si ahora puedo descansar" porque "ya no puedo más". Su voluntad fue clara hasta el final: "La felicidad de un padre o una madre no debe anteponerse a la felicidad de una hija".

Este caso pone en evidencia las tensiones que genera la eutanasia en países que la han legalizado, especialmente cuando intersecta con enfermedad mental y conflictos familiares. En el contexto latinoamericano, donde Colombia ha debatido el tema sin llegar a regularlo claramente, el caso de Noelia es un recordatorio de que estas decisiones nunca son puramente médicas, sino profundamente personales y sociales.