Después de tres años y medio, los Equipos Básicos de Salud (EBS) se han convertido en un programa millonario envuelto en incertidumbre. Con una inversión acumulada de 4,2 billones de pesos, el Gobierno desplegó 11.000 equipos de médicos, psicólogos y enfermeros que recorren veredas y barrios para atender a personas donde los centros de salud son inaccesibles. Sobre el papel, la cifra impresiona: según reportes oficiales, se han atendido 6 millones de personas. Pero cuando se mira más de cerca, aparecen problemas que inquietan.

El principal es que nadie sabe exactamente qué está pasando. El Ministerio de Salud reconoce públicamente que no existe una medición unificada en los territorios. Los datos se guardan en una plataforma llamada SI-APS que, hasta diciembre de 2025, reporta cifras que el propio Ministerio admitió provienen de "fuentes distintas". Peor aún, trabajadores que cargan esos datos a La Silla Vacía revelaron que algunas familias desaparecen de la base de datos mientras otras aparecen duplicadas. "Unas familias desaparecieron de la base de datos, otras aparecen duplicadas. Nosotros nos guiamos por nuestros registros internos", explicó un auxiliar encargado del cargue de información.

Cuando la Contraloría revisó el programa en julio de 2025, expresó dudas serias sobre cómo se ejecutaron 1,3 billones de pesos y advirtió que el Ministerio no ejercía control suficiente sobre el gasto. Cada equipo cuesta aproximadamente 60 millones de pesos mensuales, cubriendo nómina, transporte, uniformes y equipo. Pero el criterio para decidir cuántos equipos asigna cada hospital no es público, lo que abre la puerta a discrecionalidad.

El aspecto más preocupante es la sombra política que rodea la ejecución. La Silla Vacía identificó al menos 12 políticos regionales contratados como enlaces territoriales del Ministerio, algunos sin experiencia en salud. En el Hospital Alfonso Jaramillo Salazar del Líbano, Tolima, fuentes locales contaron que contratistas de EBS fueron convocados a eventos en la Fundación Alfonso Jaramillo Salazar, vinculada a la familia del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. Un integrante del equipo reconoció que asistieron a un bingo el 30 de enero de 2026. Aunque negó que hubiera proselitismo y dijo que el aporte era para "obras sociales", la coincidencia genera interrogantes. Además, se documentó que en algunos casos el transporte fue adjudicado a fundaciones cercanas a autoridades locales, y que personal médico fue contratado a través de terceros en lugar de directamente por las instituciones públicas.

En cuanto a resultados, el presidente Petro ha atribuido al programa la reducción de mortalidad infantil. Pero el Ministerio aclaró que "no es atribuible exclusivamente" a los EBS, sino a múltiples acciones del sector. Los datos, además, son "preliminares". Investigadores añaden que el número de nacimientos en Colombia cayó casi 28 por ciento entre 2020 y 2024, lo que por sí solo reduce estadísticamente las tasas de mortalidad sin que necesariamente se hayan salvado más vidas.

La realidad sobre el terreno muestra un contraste. Los equipos llegan a lugares donde una familia gasta 150.000 pesos solo en transporte para llegar al casco urbano. Visitan en promedio cuatro viviendas por jornada en zonas dispersas, lo que significa presencia institucional donde antes no la había. Pero esa expansión de cobertura no va acompañada de resultados clínicos sistematizados ni de claridad en cómo el dinero se usa realmente.

Con tres años de funcionamiento, el programa que movió más de 4 billones de pesos sigue sin una evaluación consolidada de impacto sanitario. Amplía presencia en regiones apartadas, pero carga con cuestionamientos sobre control del gasto, patrones de contratación cuestionables y cercanía de procesos electorales. Para un colombiano que se pregunta si su dinero de impuestos está llegando donde debe, la respuesta sigue siendo: no está claro.