El pulso entre Empresas Públicas de Medellín y el Gobierno Nacional sigue intenso. EPM salió a defender públicamente su gestión de tarifas después de que el presidente Gustavo Petro la cuestionara por no adoptar la fórmula propuesta por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la CREG. La empresa asegura que mantener los precios donde están es lo correcto para el país, no una especulación como sugiere el mandatario.

El punto de discordia está en los números. EPM explica que durante 2026, el precio de la energía en la bolsa se ha mantenido alrededor de 100 pesos por kilovatio-hora, muy por debajo del umbral de 327 pesos en el que se activaría la fórmula del Gobierno. Pero aquí viene lo importante: si la empresa se acogiera voluntariamente a ese mecanismo, estaría actuando contra el planeamiento energético del sistema nacional. En otras palabras, dejaría sin flexibilidad los embalses que funcionan como "baterías naturales" para enfrentar sequías extremas y evitar apagones cuando fenómenos como El Niño azoten al país.

EPM también alertó sobre consecuencias que iría más allá de los números. La fórmula oficial plantea penalizaciones económicas para plantas renovables y de carbón si no entregan energía firme al precio de referencia establecido. Esto, advierte la empresa, desestimularía inversiones en nuevos proyectos generadores y aumentaría el riesgo de desabastecimiento en momentos críticos. Con una inversión de 10 billones de pesos proyectada a diez años a través de Afinia, esa remuneración debe garantizarse mediante las tarifas.

El conflicto escaló cuando Petro calificó de "miserabilidad" y "especulación" la estrategia gerencial de EPM, argumentando que la empresa dejó subir las tarifas al precio del gas cuando los embalses estaban llenos. El presidente pidió que la empresa se adhiera de inmediato a la nueva fórmula para evitar "damnificados por el manejo de las aguas".

Desde Medellín, el alcalde Federico Gutiérrez respondió con contundencia. Aclaró que las tarifas de energía en Colombia no las fija caprichosamente un alcalde ni una empresa, sino que son resultado de una regulación nacional de la CREG que se aplica en todo el territorio. Gutiérrez defendió el papel de Hidroituango, central que aporta cerca del 17 por ciento de la energía firme nacional y ha sido clave para evitar racionamientos en crisis climáticas anteriores. Invitó al presidente a enfocarse en los damnificados por emergencias climáticas en lugar de cuestionar la gestión técnica.

Los números hablan de la importancia de lo que está en juego. En 2025, cuando los embalses operaron estratégicamente, las hidroeléctricas atendieron el 81 por ciento de la demanda nacional, permitiendo que el precio de bolsa bajara a 241 pesos por kilovatio-hora frente a los valores mucho más altos de 2024 bajo El Niño. Esos embalses no solo generan electricidad: regulan el flujo de agua en épocas de lluvia y sequía, mitigando inundaciones para las comunidades aguas abajo. Hidroituango cuenta con un Centro de Monitoreo Técnico que supervisa 3.600 instrumentos veinticuatro horas diarias, analizando variables con cuarenta horas de antelación para acciones preventivas.

EPM continúa analizando la Resolución 701118 publicada por la CREG para tomar una decisión que garantice la confiabilidad energética. Mientras tanto, el debate sobre si priorizar tarifas más bajas o seguridad del sistema sigue dividiendo opiniones en el país.