Mientras la guerra en Ucrania continúa, emerge una realidad incómoda para Colombia: somos la nacionalidad extranjera que más soldados ha perdido en los campos de batalla del conflicto. Según un informe del Atlantic Council, entre 300 y 550 colombianos han caído en combate desde que Rusia invadió en febrero de 2022. Para dimensionar esto: los estadounidenses, con toda su capacidad militar, rondan apenas un centenar de muertos. En las calles de Kiev, banderas de Colombia adornan memoriales improvisados que honran a esos compatriotas que nunca regresaron.

El estudio deja claro que esto va más allá de ideología o del romanticismo de luchar por una causa. Detrás de estas cifras hay un problema estructural colombiano que nadie había sabido resolver: qué hacer con miles de militares y suboficiales que se retiran en plena edad productiva, entre los 30 y 40 años, con destrezas especializadas en contrainsurgencia y combate irregular que nuestro país les enseñó durante más de medio siglo de conflicto interno. Cuando se retiran, un oficial de rango medio que ganaba cerca de cuatro millones de pesos mensuales ve sus ingresos caer drásticamente. Un soldado regular, que devenga millón y medio en servicio activo, enfrenta un vacio aún peor. Los programas de reintegración que existen no están diseñados para la realidad del mercado laboral.

Entonces aparece Ucrania con una oferta casi irresistible: entre tres mil y cinco mil dólares mensuales por trabajar en el frente, bonos de firma que alcanzan los veinticinco mil dólares, y compensaciones por muerte que pueden llegar a trescientos cincuenta mil dólares para las familias. De acuerdo con reportes citados en la investigación, Ucrania ha contratado alrededor de dos mil colombianos. Representamos el veinticinco por ciento de todos los combatientes extranjeros en las fuerzas terrestres ucranianas y el cuarenta por ciento de los que vienen de América del Sur. Algunas brigadas son casi completamente hispanohablantes.

El gobierno del presidente Gustavo Petro ha tomado posición contra esto, llamándolo "mercenarismo", y en diciembre de 2025 la Cámara de Representantes ratificó la Convención de Naciones Unidas contra el reclutamiento de mercenarios. Sin embargo, el informe advierte algo importante: técnicamente, quienes luchan en la Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania o en unidades regulares del ejército ucraniano no encajan en la definición clásica de mercenarios, porque reciben los mismos salarios que los soldados ucranianos y son parte formal de las fuerzas armadas de un Estado.

Aquí está el dilema que preocupa a los investigadores: si criminalizamos de manera amplia el fenómeno, podríamos empeorar las cosas. Los veteranos que regresan cargan traumas psicológicos, lesiones físicas y estigmatización política. Muchos enfrentarán investigaciones. Y ese vacío de reintegración que ya existe es un imán perfecto para redes criminales que buscan reclutar gente con entrenamiento avanzado. En otras palabras, al cerrar una puerta sin abrir otras, podríamos estar empujando a estos hombres hacia lugares más oscuros aún.