En una jornada que mezcló dolor, memoria y esperanza de reparación, Valledupar presenció un encuentro poco común en la historia de justicia transicional del país. Cuarenta militares integrantes de la fuerza pública se reunieron con 17 familiares de 11 víctimas para presentar acciones restaurativas construidas conjuntamente. Se trata de personas que fueron ejecutadas extrajudicialmente en el sur de La Guajira entre 2004 y 2008, reportadas falsamente como bajas en combate durante operaciones atribuidas al Grupo de Caballería Mecanizada No. 2 "Coronel Juan José Rondón".

El proceso no fue rápido. Durante ocho meses, víctimas y comparecientes participaron en espacios de diálogo y concertación acompañados por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, la Organización Internacional para las Migraciones y la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz. El objetivo era claro desde el inicio: recuperar la memoria histórica de lo ocurrido y dignificar el buen nombre de quienes habían sido señalados injustamente.

La magistrada Claudia Rocío Saldaña Montoya presidió la audiencia en la que se presentaron las iniciativas. Entre ellas figuran tres cápsulas sonoras, un video restaurativo y un acto conmemorativo que recogen historias de vida truncadas, proyectos abandonados y el dolor vivido por familias enteras. Valledupar también fue escenario de una marcha restaurativa por sectores cercanos a la Gobernación, una ceremonia religiosa liderada por la Diócesis local y la interpretación de una canción vallenata compuesta por Eduard Castro, quien fue una de las víctimas directas de estos hechos.

Los familiares de las víctimas destacaron la importancia de estas acciones después de más de dos décadas buscando verdad y justicia. Para ellos, estos actos representan el reconocimiento de la inocencia de sus seres queridos y una forma de preservar su memoria en el tiempo.

La magistrada Saldaña subrayó que estas medidas "representan una expresión concreta de la justicia restaurativa, basada en el reconocimiento de responsabilidades, los aportes a la verdad y la participación activa de las víctimas en la construcción de mecanismos de reparación".

Según determinó la JEP, las acciones presentadas cumplen con los compromisos de reparación simbólica exigidos a los comparecientes. Esta evaluación será considerada junto con los aportes a la verdad y las garantías de no repetición para definir posibles beneficios judiciales dentro del sistema transicional colombiano.